Comerciantes establecidos, agrupados en la Unión de Refaccionarias, que trabajan legalmente en la zona de la 46 Poniente, denunciaron anomalías, durante los operativos que han realizado los elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia FEIDAI, resguardados por el Ejército, Policía Estatal y Municipal.
Saraí Ramos Romero, Presidenta de dicha asociación, lamentó que esta situación se esté saliendo de control y que se esté considerando como un tema político y de represión y no de manera legal, luego de que no estén permitiendo el acceso a los comerciantes.
A casi 3 semanas que dieron inicio estos operativos, indicó que más de 300 comerciantes establecidos que cuentan con documentación que los acredita ser dueños de la mercancía asegurada, han sufrido pérdidas, afectando además a más de 1500 familias, que tienen sus negocios de manera indirecta en la zona.
Reconocieron las acciones que ha emprendido el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, en contra de la delincuencia y de asegurar mercancía de dudusa procedencia, por lo que piden una mesa de diálogo, que escuche a esta unión de comerciantes que están debidamente acreditados y no incurren en la ilegalidad, ya que cada uno de ellos se encuentran dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria SAT, cuentan con sus planes de contingencia en el rubro de protección civil y cumplen con la normatividad que rige el establecer un negocio.
Los vendedores acusaron que durante estos operativos, las autoridades ministeriales han saqueado su mercancía, incluso sembrando artículos robados en sus establecimientos, para así poder clausurarlos.
Aseguraron que las autoridades no les permitieron comprobar la legal procedencia de su mercancía, “tenemos videos, en el que ponen los sellos de clausura dejan pasar días, llegan y abren las cortinas para sacar las mercancía, y cuando estamos ahí pese a que les decimos tenemos la llave, les abrimos, tenemos los documentos que acredita que nuestra mercancía, nos insultan y han golpeado a nuestros compañeros, nos dicen que nos retiremos porque si no seremos puestos a disposición, eso es un atropello”.
Indicaron que no están en contra de que realicen su trabajo, sin embargo pues que sea de manera legal, pues de acuerdo al artículo 228, establece que los inmuebles que serán cateados, debe de haber 2 agentes y 2 testigos y tenemos derecho de comprobar la legalidad de nuestras mercancías si hay algo ilícito ellos ponen a disposición el artículo, pero están actuando de manera arbitraria.
Cabe mencionar que esta agrupación está presidida por Sarai Ramos Romero, Emanuel Márquez González, como Secretario General, Gabriel Aguilar Velázquez, Tesorero, Víctor Manuel Román Solares, Secretario de Actas y como vocales, Urbano Flores García y Osvaldo Rafael Flores Granados, quienes representan a más de 300 comerciantes establecidos.
