La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se vio envuelto en un acto de violación a los derechos humanos, que sigue sin resolverse. Aquella trágica noche resultó en la desaparición de 43 estudiantes y la ejecución de 6 personas, incluyendo tres normalistas, así como lesiones a al menos 40 individuos, algunos de ellos con secuelas permanentes.
El ataque, perpetrado en Iguala, Guerrero, se considera uno de los episodios más sombríos en la historia reciente de México. A pesar de los esfuerzos de las familias de las víctimas y las investigaciones, la búsqueda de la verdad y la justicia se ha visto obstaculizada por la falta de cooperación de las autoridades. Esto ha impedido que tanto las familias como la sociedad en general conozcan la verdad detrás de los sucesos de Ayotzinapa y que los responsables sean llevados ante la justicia.
En medio de esta crisis, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos han luchado incansablemente por obtener información real para dar con el paradero de los desaparecidos.
En fechas recientes mediante un informe de inteligencia estadounidense, rebeló tener en sus manos información obtenida mediante la intervención electrónica de celulares y aparatos electrónicos en los que se evidencia el conocimiento de las actividades ilícitas por parte del Gobierno de Iguala, Guerrero así como de la intervención en estas operaciones por parte de los cuerpos de seguridad de los tres niveles, los cuales también se vieron involucrados en la desaparición y probable asesinato de los normalistas
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene firme en su posición de que estos documentos no existen.
La evidencia obtenida, que incluye comunicaciones interceptadas por el Centro de Inteligencia Regional y el testimonio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sugiere que el Ejército tenía conocimiento del grupo criminal involucrado en el ataque, Guerreros Unidos, y su red de complicidades. Además, se menciona el destino de los estudiantes desaparecidos en los mensajes interceptados.
Las familias de las víctimas exigen respuestas y transparencia en la búsqueda de justicia. Siguen cuestionando por qué el Ejército niega la existencia de estos documentos y por qué el presidente López Obrador confía ciegamente en la versión militar.
El Gobierno se comprometió a revisar su archivo de documentos acumulados a lo largo de los años y a colaborar con las familias para esclarecer los hechos y evitar la desinformación en torno a este triste episodio.
En tanto desde hace una semana se llevan a cabo plantones, marchas y protestas por parte de los distintos centros normalistas a lo largo y ancho del país exigiendo que se de a conocer la verdad se los hechos ocurridos hace 9 años, el paradero de los 43 desaparecidos y la impartición de justicia contra los involucrados.
