La tensión migratoria en Los Ángeles escaló rápidamente este fin de semana. Las redadas llevadas a cabo por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejaron 44 personas detenidas, entre ellas 11 mexicanas, según informó el cónsul general de México en la ciudad, Carlos González Gutiérrez.
Las detenciones generaron que vecinos, activistas y organizaciones de derechos humanos salieran a las calles para expresar su rechazo a los operativos, denunciando un uso excesivo de la fuerza y tácticas que consideran intimidatorias. Las protestas se multiplicaron en distintos puntos de la ciudad y se mantuvieron durante todo el sábado.
Ante este escenario, el presidente Donald Trump firmó un memorándum para enviar a 2,000 elementos de la Guardia Nacional a Los Ángeles. Según anunció Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, esta medida busca reforzar la seguridad tras una serie de enfrentamientos entre manifestantes y autoridades migratorias.
Leavitt declaró en su cuenta de X que durante los últimos días, “grupos violentos” atacaron a agentes del ICE y a personal de seguridad federal mientras realizaban operativos de deportación. Afirmó que estas acciones son fundamentales para mantener el control en la frontera y frenar el ingreso de personas que, según dijo, entran al país sin autorización.
La Casa Blanca también apuntó directamente a las autoridades estatales. Según Leavitt, los líderes locales en California “han dejado de cumplir con su deber de proteger a la ciudadanía”, lo que justificó, según su versión, la intervención del gobierno federal.
En su mensaje, la vocera insistió en que el gobierno de Trump mantendrá una postura firme frente a cualquier acto violento que ponga en riesgo a los agentes encargados de hacer cumplir las leyes migratorias.
Mientras tanto, las movilizaciones en Los Ángeles no cesan. Organizaciones sociales han convocado nuevas concentraciones y continúan exigiendo un alto a los operativos, que consideran una amenaza para miles de familias migrantes.
