“Su caso es el nuestro”: vecinos de Chalco respaldan a doña Carlota y exigen arresto domiciliario

Chalco, Edomex.— Con pancartas, consignas y testimonios de vida, vecinos, familiares y víctimas de despojo se manifestaron afuera de los juzgados del penal de Chalco para pedir que Carlota “N”, de 73 años, continúe su proceso en prisión domiciliaria.
Este jueves se realizó la audiencia donde la defensa de la mujer —acusada de homicidio calificado y tentativa de homicidio— solicitó al juez un cambio de medida cautelar. El principal argumento: su edad y el deterioro de su salud, marcado por complicaciones derivadas de diabetes, que han obligado a duplicar su dosis de insulina tras siete meses en reclusión.
El caso se remonta al 1 de abril, cuando Carlota y dos de sus hijos, Eduardo y Mariana, accionaron armas durante un enfrentamiento en su vivienda en la unidad Hacienda de Guadalupe, en La Candelaria Tlapala. Los hechos dejaron sin vida a Esaú “N”, de 51 años, y a su hijo Justin, de 19, además de un menor herido. La familia afirmó que se defendían de presuntos invasores.
El tema escaló a nivel nacional y abrió el debate sobre despojo y defensa del patrimonio. Afuera del penal, esa conversación se convirtió en reclamo social. Manuel González, de 81 años, llegó con una cartulina: asegura que su hija le arrebató su casa. “No quiero violencia, lo mismo que a doña Carlota”, dijo. Junto a él, Petra Pérez, de 77 años y en silla de ruedas, relató que también fue desalojada por un familiar: “Las autoridades no me escuchan”.
La Fiscalía mexiquense ha reconocido que la propiedad en disputa pertenece a Mariana, hija de Carlota, y que los señalados como invasores estaban ligados al sindicato 22 de Octubre, grupo investigado por despojos en la región. A partir de ese caso, se activó el operativo “Restitución”, con más de mil inmuebles asegurados y 600 ya devueltos a propietarios.
La defensa sostiene que Carlota no representa riesgo de fuga y que su condición de salud amerita tratamiento desde casa. La resolución del juez definirá el siguiente capítulo de un proceso que, más allá del expediente, se convirtió en un símbolo de exigencias contra el despojo en el Estado de México.








