En su tercer y último informe de gobierno, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, reprochó la supuesta persecución política en su contra por parte del gobierno estatal y el intento de imponer un perfil específico en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sin embargo, no pudo presumir algún logró notable de su gestión.
Durante su mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno, la alcaldesa también acusó la supuesta presión a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para intentar acreditar irregularidades durante su gestión.
Durante el informe, Rivera Vivanco expuso que el momento más complejo que atravesó fue en marzo del 2020, cuando buscaron sustituir a Lourdes Rosales Martínez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), diciendo que era una decisión que violaba la Constitución Política de México.
Enfatizó que el Gobierno del Estado pretendía nombrar un perfil a modo, no obstante, no hizo alusión a los señalamientos que se hizo en contra de la corporación por encubrir a bandas delincuenciales.
“El poder de cualquier persona en esta posición, el papel de cualquier autoridad es muy clara, es defender la autonomía del municipio de Puebla, defender la constitución, pero principalmente garantizar la paz de la ciudadanía, fue así que mediante una controversia constitucional nos convertimos en uno de los cuatro municipios del país de anteponer un recuerdo como este”, dijo.
Por este motivo, consideró que la administración estatal inició una persecución política en su contra, por ello utilizó diferentes instituciones como la Auditoría para acreditar irregularidades que, según ella, no se pudieron comprobar.
En este mismo sentido, la alcaldesa dijo que durante su gestión se pagó la deuda generado por administración anteriores, esta acción se realizó, para que, quién quede al frente del Ayuntamiento no tenga que depender de recursos estatales.
Resaltó que desde el Cabildo se han remitido más de un pronunciamiento exigiendo la desprivatización del agua potable, incluso se envió una iniciativa de decreto, para reformar al SOAPAP.
Además,denunció que su gobierno ha detectado más de 250 descargas ilegales de aguas negras al Río Atoyac, por lo que acusó que la empresa SOAPAP y algunos funcionarios públicos ocultan una crisis ambiental de salud pública en Puebla.
Ante esto informó que entregará un programa sobre el estudio de la crisis ambiental a los diputados de la nueva legislatura y al gobernador Miguel Barbosa Huerta.
