Concluyendo el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó una reforma que modifica el funcionamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), otorgando al Gobierno la mayoría en sus comités internos. La propuesta, impulsada por Morena y respaldada con 68 votos a favor, 29 en contra y sin abstenciones, plantea cambios significativos en la estructura del instituto y ha generado fuertes críticas por parte de la oposición.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la facultad del titular del Ejecutivo para designar al director del Infonavit, quien además tendrá derecho de veto en las decisiones de los comités. La nueva normativa también permite al Infonavit invertir directamente en la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles mediante una empresa filial gubernamental, rompiendo con el esquema tripartita que históricamente caracterizaba al instituto. De acuerdo con este modelo, las decisiones eran tomadas de manera equitativa entre representantes del Gobierno, la iniciativa privada y el sector obrero.
El artículo 42 de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece ahora que los recursos administrados por el instituto podrán destinarse a proyectos inmobiliarios, siempre y cuando se garantice la asignación de recursos suficientes para otorgar créditos a los derechohabientes. Sin embargo, legisladores de oposición, como el senador Ricardo Anaya del PAN, advierten que esta modificación permitirá al Gobierno disponer de los fondos de los trabajadores para financiar proyectos habitacionales a gran escala, lo que consideran un riesgo para el patrimonio de los empleados y empleadores. Según sus estimaciones, los recursos ascienden a 2.4 billones de pesos.
La reforma también redefine la estructura de gobierno del Infonavit. Aunque se mantiene la Asamblea General como el máximo órgano de decisión y su carácter tripartita, el número de integrantes se reduce de 45 a 30. Por otro lado, en las comisiones clave encargadas de la vigilancia, transparencia y auditoría, la representación gubernamental será mayoritaria, con cinco integrantes frente a tres de la iniciativa privada y tres del sector obrero.
Durante la sesión, senadores de distintos partidos expresaron posturas encontradas. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que la aprobación se realizara de manera apresurada. “Estamos desapareciendo la representación de los trabajadores en la administración de sus propios recursos. Esta reforma abre la posibilidad de que el Gobierno utilice ese dinero en proyectos inmobiliarios que podrían ser fallidos”, afirmó.
En contraste, Blanca Judith Díaz, senadora de Morena, defendió la medida argumentando que busca evitar el mal uso de los recursos del instituto. “El Infonavit no puede seguir siendo la caja chica de intereses personales y políticos. Esta reforma está diseñada para proteger a los trabajadores”, señaló.
La iniciativa también contempla que el tema pase a la Cámara de Diputados, donde se prevé que sea discutido en la Comisión Permanente debido a la conclusión del periodo ordinario de sesiones. Esto podría posponer su debate hasta el próximo año legislativo.
Con estas reformas, el Gobierno busca posicionarse como un actor central en la administración de los recursos del Infonavit, mientras los sectores empresarial y obrero ven reducido su margen de decisión. Aunque sus defensores aseguran que el objetivo es garantizar una gestión más transparente y eficiente, los críticos alertan sobre los posibles riesgos para el manejo del patrimonio de millones de trabajadores.
