Familiares de un joven que fue atacado con un arma de fuego por un policía municipal de Puebla, lograron después de 13 años que la Fiscalía General del Estado lo detuviera tras evadirse de la justicia, sin embargo, acusan que ya fue liberado debido a que suplantó su identidad, con la tolerancia del Juzgado Primero de lo Penal.
Así lo denunció en entrevista con Callejero Noticias la señora Juana Genoveva Ruiz Zúñiga, quien desde hace 13 años busca justicia para su hijo Erick Herrera Ruiz, y que al momento del ataque tenía 19 años y ahora, con 32 años, es incapaz de valerse por sí mismos debido a las dos balas que se alojaron en su cerebro.
Juana recuerda que fue la noche del 19 de junio de 2008 cuando, sus dos hijos salieron a la tienda Oxxo ubicada en la 105 Poniente, en la colonia Popular de la ciudad de Puebla. En el camino fueron interceptados por el entonces policía municipal Miguel Ángel Salazar Corona, quien presuntamente iba intoxicado.
En las declaraciones vertidas en el proceso penal 374/2016-1 del Juzgado Primero de lo Penal en Puebla, obra que el policía le disparó a Erick por resistirse a una revisión ilegal en la que el policía buscaba extorsionarlo, por lo que con alevosía y ventaja le disparó en dos ocasiones en la cabeza.
En su momento, Miguel Ángel Salazar Corona fue detenido y apenas estuvo seis meses en prisión cuando fue puesto en libertad condicional, justo antes de que se diera la conclusión del proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas, no obstante este último ilícito fue modificado ya que originalmente era homicidio en grado de tentativa.
Cuando se dio la resolución del caso y el Juzgado Primero de lo Penal lo declaró culpable de ambos delitos, Miguel Ángel ya no volvió para enfrentar los cargos en su contra, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra que, con el paso de los años, se fue archivando hasta quedar en el olvido.
Sin embargo, Juana se mantuvo en la búsqueda de justicia y con ayuda de otros familiares lograron ubicar, en más de una ocasión, a Miguel Ángel Salazar Corona, denunciando en varias ocasiones su ubicación pero siendo ignorada por la Fiscalía General del Estado para lograr su detención.
No fue sino hasta el pasado 18 de noviembre cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Puebla, con apoyo de Juana y su familia, lograron ubicar a Miguel Ángel y detenerlo en la colonia Constitución Mexicana, al sur de la capital poblana.
Acusan falsificación de documentos
Tras la detención, la señora Juana fue citada para una audiencia el lunes 22 de noviembre, a las 9:00 horas, en los juzgados ubicados en el Cereso de San Miguel, sin embargo al llegar se enteró que un día antes, el domingo 21 de noviembre, Miguel Ángel Salazar Corona ya había sido liberado.
Al momento de su aprehensión, Miguel Ángel trató de evadirse argumentando que lo estaban confundiendo y que él era Héctor García Ramírez, para lo cual muestra una credencial de elector y una licencia de conducir, que según la familia de la víctima, evidentemente no coincidía con sus razgos físicos.
Ayer que recibieron la noticia de la liberación, la secretaria de acuerdos Annel Villalba de la Rosa, les informó que se hizo una audiencia el domingo a las 16:00 horas en donde se corroboró que el detenido no era Miguel Ángel, para lo cual se hizo una comparación de las huellas dactilares.
La mamá de la víctima demostró a este medio, que el papel que ayer le entregaron en el juzgado y con el cual pretenden acreditar que Miguel Ángel no es esa persona, habría sido falsificado pues ella cuenta con una copia certificada de la averiguación previa, donde viene la misma hoja pero con datos y colocación de huellas de forma diferente.
Los documentos, a la vista, son evidentemente diferentes. La posición de las huellas, el tamaño, la colocación en el papel, así como la tipografía de las letras, no es la misma, no obstante el personal del juzgado uso el nuevo documento para decir que la persona detenida no era Miguel Ángel, a pesar de ser identificado por los familiares.
Piden la intervención del gobernador
En este sentido, los familiares pidieron la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta, así como del fiscal Gilberto Higuera Bernal y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, a fin de que su caso sea revisado y se haga justicia, pues temen que en esta ocasión sea más difícil volver a dar con Miguel Ángel.
Recalcaron que también buscan que Miguel Ángel se haga cargo de la reparación moral de los daños, pues inicialmente el dictamen establecía un pago de aproximadamente 401 mil pesos, pero ahora es de apenas 344 pesos, lo cual se vuelve insuficiente e ilógico dado el daño permanente de la víctima.
Señalaron que a raíz de lo ocurrido, Erick quedó en estado vegetativo, no puede valerse por sí mismo y necesita medicamentos para evitar que su cerebro se inflame, pues tampoco se le pudieron extraer las dos balas debido a que era un alto riesgo clínico.
Actualmente, la familia de Erick espera poder presentar las denuncias correspondientes ante el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado para que se revise el actuar de las personas que liberaron a Miguel Ángel, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
