El reciente Acuerdo de la Secretaría de Movilidad y Transporte, publicado el 28 de diciembre en el Periódico Oficial de Estado, que determina tarifas de los servicios del transporte privado hasta el 15 de enero del 2022, es un acto ilegal que atenta contra el modelo de economía colaborativa, la libertad de comercio y el principio de libre competencia respecto de los servicios que se intermedian de manera libre y privada, a través de las aplicaciones móviles, como Uber.
“Las plataformas representamos un modelo de movilidad privada basado en el principio básico de oferta y demanda, a diferencia del transporte público cuyas tarifas se establecen de acuerdo con lo estipulado por el gobierno. Las diferencias entre ambos servicios han sido avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia Comisión Federal de Competencia Económica, quien ha establecido que las nuevas plataformas no deben estar sujetas a la regulación pensada para los operadores tradicionales, simplemente porque las razones detrás dce este marco jurídico no aplican a las ERTs”, explicó María Eugenia Zurita, Directora de Comunicación de Uber en México.
“La fijación de precios a los viajes privados por aplicación, además de atentar contra la libre competencia, afecta severamente el modelo de economía colaborativa, el cual desde hace más de 6 años ha sido un generador de oportunidades de autoempleo para miles de poblanos. Y tendría un impacto económico en las ganancias de los socios conductores que se están recuperando de los estragos del COVID-19”, añadió.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una regulación no debe imponer barreras u obstáculos para la competencia, ni regular los servicios de transporte privado tomando como base otro tipo de servicio de transporte, como es el caso de la imposición de tarifas aplicables al servicio de transporte público, que es contrario a declaraciones del Gobernador del Estado, Miguel Barbosa, y a lo que pretende establecer el Acuerdo emitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte, que vulneran lo dispuesto en los artículos 5 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En situaciones excepcionales, cuando la demanda incrementa y supera la oferta disponible, tal y como ocurrió en días recientes, se experimenta de manera temporal un alza en el precio de los servicios privados de movilidad, esto para incentivar que más socios conductores se conecten a la aplicación y así poder satisfacer las necesidades de movilidad de los poblanos de ese momento.
Sobre la experiencia de los usuarios, la compañía de tecnología entiende las molestias que esta situación puede generar y, en ese sentido, da seguimiento y ofrece soporte de manera personal y directa a cualquier situación que se externe. Esto para brindar de manera continua a los poblanos la mejor experiencia de viaje. El usuario siempre conoce el precio antes de aceptarlo, esto para que pueda tomar una decisión informada. Además, cuentan con canales de soporte y atención que están disponibles 24/7.
“Uber continuamente invierte en Puebla para brindar soluciones tecnológicas a favor de la movilidad y economía de las personas. Nuestro compromiso seguirá firme con todos los poblanos y con el gobierno para juntos continuar transformando a Puebla en un estado con oportunidades para todos. Por ello, siempre nos hemos mostrado a favor de una regulación, que respete y sea acorde al modelo de negocio que representamos”, concluyó María Eugenia Zurita, Directora de Comunicación de Uber.
