Reforma a la Ley de Amparo hoy se discute en el pleno, enmedio del debate sobre el fin del acceso a la justicia
La Cámara de Diputados se prepara para votar hoy la reforma a la Ley de Amparo, luego de que Morena y sus aliados la aprobaran en comisiones con mayoría. El planteamiento central de la iniciativa es limitar el uso del amparo cuando, a juicio del Poder Judicial, se considere que una suspensión afecta el interés social o el orden público.
Entre los puntos que han generado mayor discusión está la redefinición del concepto de “interés legítimo”. La propuesta establece que solo podrán solicitar amparo aquellas personas que acrediten una afectación directa y diferenciada, lo que, según especialistas, podría dejar fuera a colectivos o grupos que recurren a esta figura para defender derechos ambientales, laborales o comunitarios.
Organizaciones civiles y abogados han advertido que, de aprobarse en los términos actuales, sería más difícil suspender actos de autoridad mientras se resuelve un juicio, lo que impactaría en casos relacionados con obras públicas, expropiaciones o decisiones administrativas. También se prevé que no procedan suspensiones en asuntos vinculados a temas fiscales o financieros, lo cual modificaría el actual equilibrio entre el Estado y los contribuyentes.
Otro punto relevante es la incorporación gradual de la firma digital como requisito para los trámites de amparo. Legisladores han señalado que esto podría complicar el acceso para comunidades sin conectividad o con limitaciones tecnológicas, por lo que han solicitado un periodo de adaptación.
Si la reforma es aprobada en el Pleno, pasará al Senado para su revisión. Varios legisladores del bloque mayoritario han adelantado que presentarán reservas para ajustar algunos artículos, mientras que la oposición ha solicitado frenar el proceso hasta analizar las propuestas de expertos.
El debate se centra en definir hasta dónde puede el Estado acotar el uso del amparo para evitar abusos sin comprometer el acceso a la justicia. El resultado de la votación marcará el alcance que tendrá este instrumento en la protección de derechos frente a decisiones de autoridad.
