El nuevo paquete de cambios en materia electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene ruta: será enviado al Senado con una serie de ajustes que apuntan directamente al gasto público, la estructura de gobiernos locales y las reglas del sistema electoral. Más que un rediseño completo, el llamado Plan B se enfoca en modificar puntos específicos con impacto operativo.
Uno de los cambios más visibles está en el ámbito municipal. La propuesta plantea reducir el número de regidores en los ayuntamientos, estableciendo un rango que va de siete a un máximo de 15 integrantes, además de limitar a una sola sindicatura por municipio. Con esto, se busca ajustar el tamaño de los cabildos en todo el país.
A nivel estatal, el proyecto introduce un tope al presupuesto de los congresos locales, fijado en el 0.7% del gasto total de cada entidad. Esta medida pretende acotar el uso de recursos en los poderes legislativos estatales y establecer un criterio uniforme en todo el país.
En cuanto a salarios dentro del sector público, la iniciativa establece que ningún funcionario podrá ganar más que la titular del Ejecutivo federal. Esta regla aplicaría también para organismos electorales como el INE y tribunales locales, donde además se eliminarían bonos, seguros médicos privados y otras prestaciones adicionales.
Otro eje relevante es el uso del dinero público. De acuerdo con lo expuesto por la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, los recursos que se generen a partir de estos recortes serían redirigidos a proyectos de infraestructura en estados y municipios.
En el terreno de la participación ciudadana, el Plan B propone modificar el calendario de la revocación de mandato, permitiendo que este ejercicio se lleve a cabo en el tercer o cuarto año de gobierno, en lugar de mantenerse solo en el cuarto año como ocurre actualmente.
También se contemplan ajustes en la operación del sistema electoral. Entre ellos, destaca que los cómputos de elecciones federales podrían iniciar desde la llegada del primer paquete electoral, así como el uso de herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de fiscalización.
En el caso de los partidos políticos, se plantean nuevas obligaciones: transparentar salarios de dirigentes, reportar movimientos financieros en tiempo real y prohibir recursos de procedencia no comprobada o del extranjero en campañas.
