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Poder Judicial de Puebla reacomoda juzgados con más de 120 cambios de adscripción


El Poder Judicial del Estado de Puebla puso en marcha una reconfiguración interna que contempla más de 120 cambios de adscripción en juzgados y tribunales de distintas regiones de la entidad. La decisión fue tomada por el Consejo de la Judicatura como parte de una estrategia para ajustar el funcionamiento cotidiano de los órganos jurisdiccionales y reforzar los mecanismos internos de control.

 

Los movimientos alcanzan a perfiles clave dentro de la estructura judicial. En total, 60 jueces fueron reasignados, junto con 21 secretarios de acuerdos, 19 jefes de causas, además de personal de salas, secretarios de estudio y cuenta, diligenciarios y áreas de atención al público. También se registraron cambios de nombramiento y reubicaciones administrativas que forman parte del mismo paquete de ajustes.

 

Estas modificaciones se aplican en juzgados ubicados en una amplia franja del estado, que incluye distritos como Puebla capital, Tehuacán, Atlixco, Teziutlán, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, Cholula, Zacatlán, Tecali, entre otros. El objetivo es equilibrar equipos de trabajo y atender necesidades específicas detectadas en cada sede.

 

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, la rotación periódica del personal busca evitar que la permanencia prolongada en un mismo juzgado genere dinámicas internas que afecten el desempeño institucional. La reasignación de funciones permite renovar prácticas de trabajo, reducir posibles inercias administrativas y reforzar la aplicación de los principios que rigen la labor judicial.

 

Otro de los puntos centrales de la medida es la redistribución de cargas laborales. Con estos cambios, se pretende atender rezagos en algunos órganos jurisdiccionales y mejorar los tiempos de respuesta en la atención de los asuntos que llegan a tribunales y juzgados.

 

El Poder Judicial señaló que estas acciones no son aisladas, sino que forman parte de un esquema permanente de supervisión y evaluación interna. La meta, indicaron, es fortalecer la operación del sistema de justicia y mantener condiciones que permitan a los órganos jurisdiccionales desempeñar sus funciones con orden y consistencia en todo el estado.





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