Otra vez se les muere “paciente” en el Anexo Verdad y Vida en la Diagonal Defensores de la República
La muerte de un hombre dentro de un centro de rehabilitación en Puebla volvió a poner bajo la lupa las condiciones y el control en los anexos, espacios que ofrecen apoyo a personas con adicciones, pero cuyos métodos se ponen juicio ya que constantemente se han visto envueltos en denuncias por presuntos abusos y negligencia.
El domingo 26 de octubre, en el Centro de Rehabilitación Contra las Adicciones Verdad y Vida, ubicado sobre la Diagonal Defensores de la República, fue reportado el fallecimiento de un hombre identificado como Edwin, de 38 años, quien había ingresado apenas cuatro días antes para recibir tratamiento.
Los encargados del lugar dieron aviso a las autoridades luego de notar que Edwin no respondía, luego de un presunto ataque de convolusiones que el recién anexado sufrió.
Al llegar, paramédicos del SUMA y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo e inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Familiares del fallecido aseguraron que Edwin habría sido golpeado dentro del anexo y que esas agresiones derivaron en una convulsión fatal. Ambas versiones son analizadas por las autoridades correspondientes y será la necropsia la que determine oficialmente la causa de la muerte.
Este hecho recuerda otro caso ocurrido en 2022 en el mismo sitio, cuando Luz Angélica, una joven de 24 años, también fue hallada sin vida. Aunque inicialmente se habló de un suicidio, las investigaciones apuntaron a un posible homicidio, lo que generó una ola de denuncias por presuntos malos tratos.
A raíz de ese episodio en el 2022 las autoridades estatales clausuraron dicho anexo y otro par en Tehuacán, incluso en aquel año el gobernador en turno, Miguel Barbosa promovió y logró que los legisladores lograrán una reforma a la ley que castiga hasta con cuatro años de prisión y una multa de 19 mil 244 pesos en Puebla, a quien opere estos centos de rehabilitación e instituciones de salud mental sin los permisos adecuados
