Dos años y dos meses después de que Michelle y Natalie Hoyos López fueron detenidas de forma arbitraria en Izúcar de Matamoros, la justicia comienza a moverse. Un tribunal federal ordenó la captura inmediata de cinco policías y un exjuez municipal, señalados por su participación en la agresión, tortura y abuso sexual contra las hermanas, quienes ese día cubrían una actividad feminista.
Desde la medianoche de este martes 13 de mayo, los seis involucrados pasaron a ser considerados oficialmente prófugos, al no presentarse ante las autoridades. El fallo, emitido por un tribunal colegiado, también ratificó la prisión preventiva como medida cautelar.
El caso no es menor: el expediente incluye 115 pruebas, entre ellas, un dictamen del Protocolo de Estambul que confirma que ambas mujeres fueron víctimas de tortura física y psicológica. Todo esto habría ocurrido durante el mandato de Irene Olea Torres como presidenta municipal, bajo un esquema de represión y abuso de poder.
Aquel 10 de marzo de 2023, las periodistas —junto a integrantes del colectivo Marea Púrpura— fueron interceptadas por una decena de policías. Las acusaron de “ensuciar la ciudad”, las golpearon, desnudaron y tocaron indebidamente dentro de las instalaciones de seguridad pública. Un acto de brutalidad que nunca debió ocurrir.
Pese a la gravedad, el caso se topó con obstáculos desde el inicio: cambios de magistrados, huelgas en el Poder Judicial y decisiones cuestionables. Una de ellas permitió que los acusados siguieran en libertad, pese a las evidencias y al riesgo de fuga, que finalmente parece haberse concretado.
Durante los últimos meses del gobierno de Olea, las víctimas denunciaron actos de hostigamiento. Patrullas estacionadas frente a su casa, agentes rondando su entorno y hasta vehículos oficiales acelerando frente a su domicilio. Todo, a pesar de que existía una orden de restricción que prohibía a los agresores acercarse.
Una pieza clave en la investigación fue Socorro Berrar Sánchez, testigo protegida que aseguró que la agresión fue orquestada desde el círculo cercano de la exalcaldesa. Socorro fue asesinada a balazos antes de rendir testimonio, lo que encendió aún más las alertas sobre la protección a los responsables.
En paralelo, la Fiscalía General de la República destacó que el exjuez Jesús Venancio Castro falsificó las boletas de arresto. Fue él quien intentó justificar la detención de las hermanas con el argumento absurdo de que estaban “ensuciando la ciudad”, mientras eran víctimas de violencia dentro de los separos.
La reciente decisión del tribunal se basa en tres riesgos: la posibilidad de fuga, el intento de manipular pruebas —como la alteración de documentos oficiales— y las amenazas contra testigos. Todos elementos que, según los magistrados, justifican la prisión preventiva.
Aunque por ahora la orden de arresto solo se relaciona con la falsificación de documentos, la acusación por tortura sigue en pie. De concretarse las detenciones, los implicados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Y eso podría abrir la puerta a algo más grande: que los ahora prófugos revelen quién dio realmente la orden de atacar a las periodistas.
