Con el propósito de evitar que agresores de mujeres contiendan para cargos de elección popular, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia, exhortó a los a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia de las entidades federativas a que verifiquen la información contenida en los formatos “3 de 3” de los procesos electorales 2021-2022.
La diputada federal por Morena, refirió que el pasado 20 de octubre de 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió unos lineamientos en los que establecen que los partidos políticos deben solicitar a sus aspirantes la firma del formato conocido como “3 de 3 contra la violencia”, el cual debe ser signado de buena fe y bajo protesta de decir la verdad de que estas personas no han sido condenadas o sancionadas por violencia familiar, delitos sexuales o como deudores alimentarios.
A través de un Punto de Acuerdo, la congresista, sostuvo que esta medida es en favor de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes mexicanas, ya que las futuras personas servidoras públicas deben tener la suficiente autoridad moral para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
No obstante, la legisladora por el estado de Puebla, lamentó que a pesar de que esta medida fue implementada en el proceso electoral de 2021, únicamente 8 de los 32 OPLES fueron los que se dieron a la tarea de revisar la veracidad de la información entregada por las personas aspirantes a candidaturas.
Otro obstáculo que ha enfrentada la implementación de la “3 de 3”, indicó, ha sido que las autoridades electorales deben solicitar información a las instituciones jurisdiccionales y de procuración de justicia, y que en muchas ocasiones estas últimas responden no contar con la información o que los órganos electorales no son competentes para pedirla.
Vences Valencia, señaló que en las próximas elecciones de este año se elegirán a alrededor de 456 cargos públicos en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde los Organismos Públicos Locales Electorales, tendrán un papel fundamental para revisar la documentación de aquellas personas que aspiren a un puesto de elección popular.
A su vez, destacó que algunos estados como Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Puebla ya contemplan en sus legislaciones que son requisitos de elegibilidad el no estar en algún supuesto de violencia de género como los que plantea el formato 3 de 3 del INE.
