El Congreso de México aprobó una serie de ajustes arancelarios que modificarán de manera significativa la política comercial del país a partir de 2026. Las reformas, impulsadas por el Ejecutivo, contemplan incrementos de hasta 50 por ciento a importaciones provenientes de naciones sin tratados de libre comercio, entre ellas China, uno de los principales proveedores del mercado mexicano.
La Cámara de Diputados avaló la medida por la mañana y, horas después, el Senado la ratificó con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum promulgue la reforma para que entre en vigor en enero.
Los gravámenes alcanzarán a sectores como autopartes, vehículos, electrónicos, acero, aluminio, textiles, calzado, papelería y diversos bienes de consumo. El gobierno sostiene que la medida busca proteger a la industria nacional, disminuir el déficit comercial con China y generar ingresos adicionales por más de 2 mil 500 millones de dólares.
El anuncio ha generado tensiones internacionales. China, principal país afectado —al exportar a México cerca de 130 mil millones de dólares anuales—, acusó a México de actuar bajo presión externa y advirtió que los aranceles “perjudicarán sustancialmente” la relación bilateral. Corea del Sur también anticipó una revisión del impacto.
Especialistas señalan que la decisión está vinculada al contexto de negociación con Estados Unidos y a la próxima revisión del T-MEC, así como a los aranceles estadounidenses aplicados a productos mexicanos fabricados con componentes chinos. Analistas advierten que México podría enfrentar aumentos de costos, alteraciones en cadenas de suministro y presiones inflacionarias.
La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, afirmó que los aranceles se aplicarán de manera “quirúrgica” para frenar la entrada de mercancías a precios muy bajos que podrían afectar a sectores estratégicos, especialmente la industria automotriz, que representa más del 30% del empleo manufacturero nacional.
