La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser citada por la investigación relacionada con el ingreso de agentes de la CIA a México; sin embargo, no rindió declaración y únicamente presentó un escrito para rechazar participar en la comparecencia.
La información fue confirmada por Ulises Lara, vocero de la FGR, quien explicó que la mandataria estatal manifestó por escrito su decisión de no aportar información dentro de la investigación que busca esclarecer cómo agentes estadounidenses participaron en un operativo antidrogas en territorio mexicano, específicamente en la Sierra del Pinal, Chihuahua.
El funcionario señaló que, aunque la gobernadora cuenta con inmunidad procesal por el cargo que ocupa, esa condición no impide que pueda colaborar como testigo o proporcionar datos útiles para la investigación federal.
Además de Maru Campos, la FGR también citó al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, con el objetivo de integrar testimonios relacionados con la presencia de agentes extranjeros en operaciones de seguridad realizadas en el estado.
Por su parte, la gobernadora confirmó que acudió a la Fiscalía únicamente para impugnar el citatorio. Aseguró que la autoridad federal intenta construir un caso en su contra bajo la figura de testigo y acusó una persecución política por parte del gobierno federal.
Antes de ingresar a las instalaciones de la FGR, Campos declaró que el citatorio vulnera la protección constitucional que tiene como titular del Poder Ejecutivo estatal y sostuvo que no existe ninguna acusación formal en su contra.
La mandataria panista también defendió las acciones de su administración en materia de seguridad y recordó que autoridades estatales participaron en el aseguramiento de un narcolaboratorio localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, semanas antes de que dos agentes de la CIA murieran en un accidente automovilístico ocurrido en la región.
Sobre ese caso, Ulises Lara confirmó que el laboratorio clandestino finalmente fue desmantelado por la FGR, casi un mes y medio después de su hallazgo. Las sustancias químicas encontradas fueron retiradas y trasladadas para su destrucción.
En semanas recientes, la Fiscalía federal había denunciado irregularidades en el proceso de entrega y control del inmueble por parte de autoridades estatales. De acuerdo con las investigaciones, el lugar presuntamente era operado por el grupo criminal vinculado a “Chapo Isidro”.
El caso ha generado tensión política entre autoridades federales y el gobierno de Chihuahua. Legisladores de Morena incluso promovieron una solicitud de juicio político contra Maru Campos por el tema relacionado con el ingreso de agentes estadounidenses al país.
En paralelo, la FGR informó que ninguno de los funcionarios de Sinaloa que comparecieron recientemente por investigaciones ligadas al narcotráfico cuenta con ficha roja internacional. Entre ellos se encuentra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas relacionadas tanto con la operación del narcolaboratorio como con la participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad dentro de México.
