Los caminos vacíos, viviendas abandonadas y comunidades enteras refugiadas entre cerros reflejan la situación que atraviesa la región de Chilapa, en Guerrero. Detrás de esa crisis, organizaciones civiles y pobladores señalan una combinación que lleva años creciendo: disputa criminal, abandono institucional y ataques constantes contra comunidades indígenas organizadas.
Desde la Montaña de Guerrero, Abel Barrera Hernández aseguró que el grupo criminal conocido como Los Ardillos mantiene una ofensiva contra poblaciones nahuas vinculadas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC. Según explicó, estas comunidades son vistas por la delincuencia organizada como un obstáculo para el control territorial en la región.
El activista sostiene que la violencia no surgió de manera reciente. Asegura que durante décadas las comunidades indígenas quedaron fuera de decisiones políticas y sin acceso a servicios básicos, mientras grupos criminales consolidaban presencia en distintas zonas de Guerrero. En muchos poblados, dijo, siguen faltando carreteras, hospitales, escuelas y personal médico.
La tensión aumentó durante los primeros días de mayo tras una serie de ataques armados en comunidades como Alcozacán, Tula y Chicotlán. De acuerdo con Barrera, el episodio más reciente comenzó con el asesinato de Isaías Luna y tres trabajadores más mientras construían una vivienda. Después vinieron incursiones armadas, disparos y desplazamientos de familias enteras.
Uno de los puntos más golpeados fue Alcozacán, considerada una de las bases de resistencia de la policía comunitaria en la región. Habitantes denunciaron incendios provocados en cerros cercanos y ataques que obligaron a decenas de personas a abandonar sus hogares para refugiarse en iglesias, comunidades vecinas o zonas montañosas.
Aunque autoridades desplegaron más de mil 200 elementos entre Ejército, Guardia Nacional y policías estatales, organizaciones locales afirman que la respuesta llegó después de varios días de llamados de auxilio. Helicópteros, ambulancias y personal médico también fueron enviados a la zona para atender a la población afectada.
Las cifras sobre desplazamiento continúan siendo motivo de disputa. Mientras reportes oficiales hablan de poco más de cien personas desplazadas, defensores comunitarios calculan que la cifra real supera las dos mil. Muchas familias, además de dejar sus viviendas, perdieron animales, cosechas y acceso a alimentos justo cuando inicia la temporada de siembra.
En medio de la crisis, la desconfianza hacia las autoridades sigue creciendo. Barrera explicó que varias personas rechazaron trasladarse a refugios instalados en Chilapa porque consideran inseguro permanecer en la cabecera municipal. Incluso actividades cotidianas como acudir al médico, vender productos o realizar trámites se han vuelto riesgosas para habitantes de la región.
La violencia en Guerrero no se limita a un solo grupo. La disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos forma parte de un mapa criminal más amplio que, según reportes locales, involucra al menos 16 organizaciones repartidas en distintas regiones del estado. Las confrontaciones alcanzan rutas, transporte, cobro de piso, venta de productos básicos, minería y control territorial.
En municipios como Chilpancingo, Tixtla, Quechultenango o Zitlala, la población convive desde hace años con bloqueos, extorsiones, ataques armados y suspensión de actividades. La disputa ya no gira únicamente alrededor del tráfico de drogas; ahora también pasa por el control económico de alimentos, transporte y comercio local.
El uso de drones para ataques y vigilancia se ha convertido además en una práctica cada vez más frecuente. Comunidades enteras quedan atrapadas entre retenes criminales, caminos cerrados y enfrentamientos que alteran la vida diaria.
Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno federal mantendrá presencia permanente en la zona y que continuará el diálogo con organizaciones sociales y guardias comunitarias. También confirmó el envío de ayuda humanitaria y personal de atención a víctimas.
Sin embargo, organizaciones civiles insisten en que la estrategia no puede limitarse al despliegue de seguridad. Piden investigaciones contra los responsables de asesinatos y desapariciones, además de programas de atención social que incluyan acceso a salud, educación, infraestructura y protección para las comunidades indígenas que siguen atrapadas en medio de la violencia.
Con información de Político, Aristegui Noticias y agencias.
