Ciudad de México.- El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el instrumento financiero diseñado para la respuesta rápida ante catástrofes en México, operó bajo un esquema de “uso opaco de recursos” que impidió que la ayuda llegara directamente a la población damnificada. Así lo reveló el Gobierno de México, que detalló las graves irregularidades que motivaron la desaparición de este fideicomiso.
En una explicación oficial, las autoridades federales desgranaron el funcionamiento del Fonden, creado en 1996 y reforzado con un fideicomiso en 1999. La clave de la corrupción, según la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez, radicaba precisamente en esta estructura fiduciaria.
“Prácticamente, el recurso se destinaba a bienes y servicios públicos y la ayuda que llegaba a personas prácticamente era nula”, sentenció la funcionaria.
La falta de reglas claras y la discrecionalidad en el uso del fideicomiso permitieron que miles de millones de pesos, etiquetados para la emergencia, se canalizaran prioritariamente a la reconstrucción de infraestructura pública y la contratación de servicios, en lugar de apoyar de manera directa a los ciudadanos que perdían sus viviendas y patrimonio.
Esta forma de operar, que privilegiaba contratos y obras sobre la atención humanitaria individual, fue señalada por el gobierno como la razón fundamental para extinguir el mecanismo. La eliminación del Fonden busca centralizar los recursos en las dependencias federales bajo criterios de mayor fiscalización y transparencia, asegurando, según el discurso oficial, que el apoyo llegue sin intermediarios a quienes realmente lo necesitan durante y después de un desastre natural.
Los tres puntos clave de la irregularidad
- Fideicomiso Opaco: El fideicomiso establecido en 1999 carecía de reglas suficientes, facilitando la discrecionalidad en el gasto.
- Desvío de Fines: El dinero se destinó predominantemente a la contratación de bienes y servicios públicos, minimizando la ayuda directa a los afectados.
- Ayuda “Nula” a Personas: La asistencia que llegaba a las familias y personas damnificadas era, en la práctica, casi inexistente, concentrando el gasto en grandes proyectos de infraestructura.
