Puebla, Pue.- El ambicioso proyecto del Cablebús en la capital poblana ha sufrido su primer revés legal de importancia. Un tribunal federal concedió una suspensión provisional que prohíbe de manera inmediata la tala, poda o remoción de ejemplares arbóreos en las zonas contempladas para la obra, una medida que intensifica la controversia entre el Gobierno del Estado y diversos colectivos ciudadanos.
La resolución surge tras el amparo promovido por agrupaciones como el Colectivo Hermanos Serdán, quienes han alertado sobre el impacto ecológico que el sistema de transporte por cable tendría en pulmones vitales de la ciudad, tales como el Parque Juárez y el Cerro de Amalucan. Según los activistas, el tribunal señaló que, hasta el momento, no se ha acreditado plenamente que el proyecto represente un beneficio social que justifique el sacrificio ambiental en dichos puntos.
Una obra en marcha, pero bajo vigilancia
Es importante precisar que la orden judicial no detiene la construcción total del Cablebús, sino que se limita estrictamente a la protección de la vegetación. Esto significa que las labores de infraestructura que no impliquen afectaciones forestales pueden continuar, mientras se resuelve si la suspensión adquiere un carácter definitivo.
El proyecto, impulsado por la administración del gobernador Alejandro Armenta, busca conectar la zona de Angelópolis (específicamente el CIS) con el nororiente de la ciudad. Aunque inicialmente se habló de intervenir casi mil árboles, cifras oficiales recientes habían ajustado la cifra a poco más de un centenar, asegurando que se privilegiaría la reubicación y una compensación forestal masiva.
La postura oficial y la resistencia civil
Por su parte, el Gobierno Estatal ha defendido la obra calificándola como un sistema de movilidad “limpio, rápido y moderno” que reducirá las emisiones contaminantes a largo plazo. No obstante, grupos ambientalistas mantienen su escepticismo, argumentando que los servicios ambientales que prestan los árboles adultos (como la captura de CO2 y la regulación de temperatura) no se recuperan simplemente plantando ejemplares jóvenes en otros sitios.
Se espera que el próximo 31 de marzo el gobierno presente los estudios técnicos finales y de impacto ambiental, en un intento por destrabar el conflicto legal y social. Mientras tanto, las cintas de precaución y las pancartas de “No a la tala” permanecen en los parques, convirtiéndose en el símbolo de una ciudad que debate entre el progreso de su movilidad y la urgencia de preservar sus escasas áreas verdes.
