Internacional

Italia reconoce el feminicidio como delito y aprueba cadena perpetua


 

El Parlamento italiano dio luz verde este martes a una reforma que incorpora el feminicidio al Código Penal y establece la cadena perpetua para quienes asesinen a una mujer por motivos de género. La decisión llegó en coincidencia con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y obtuvo 237 votos a favor entre bloques de centroderecha y centroizquierda.

La nueva legislación, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, responde al aumento de agresiones y asesinatos de mujeres que han marcado la agenda pública en los últimos años. El caso de la estudiante Giulia Cecchettin, ocurrido en 2023, reavivó el debate sobre el papel que juegan los patrones culturales y el control en las relaciones. Datos del instituto estadístico Istat reportan 106 feminicidios este año, 62 de ellos cometidos por parejas o exparejas.

Meloni destacó que el país ha reforzado recursos para atención a víctimas, ampliado líneas de ayuda y emprendido acciones educativas, aunque reconoció que aún falta avanzar. La reforma introduce agravantes específicas por crímenes motivados por odio o control y aumenta el apoyo para casas refugio y familias afectadas. Además, obliga al Ministerio de Justicia a presentar un informe anual sobre la situación de la violencia contra las mujeres.

Aunque la oposición respaldó el cambio, advirtió que las medidas penales no son suficientes si no se abordan también las raíces sociales del problema. En particular, señalaron la necesidad de incorporar educación sexual y emocional en las escuelas, un tema que genera fuerte discusión en Italia. Actualmente, el país figura entre los pocos en Europa donde estos contenidos no son obligatorios.

El debate se tensó aún más ante una iniciativa del gobierno para restringir la enseñanza de estos temas en primaria y exigir el consentimiento de los padres en secundaria. Mientras la coalición en el poder defiende la propuesta como un mecanismo de protección para los menores, sectores opositores y colectivos sociales sostienen que limitar estos programas dificulta la prevención de la violencia desde edades tempranas.





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