El Poder Judicial inició la implementación de los Juicios Orales en Materia Familiar en Puebla, con una positiva partición de los ciudadanos y el foro jurídico poblano, que expresaron su confianza en esta nueva herramienta por la facilidad con la que se accede a ella, la agilidad del procedimiento y la atención directa de juezas y jueces.
A las 8:30 de la mañana se recibió en Oficialía de Partes Común de Ciudad Judicial, la primera solicitud de una usuaria, que presentó su demanda de manera verbal ante el juez, sin necesidad de un documento escrito o la presencia de un abogado patrono.
“Es muy conveniente porque tuve muchas dudas en si acudir a un abogado o no, realmente sientes ese apoyo, vas a expresar el problema que tienes, te escuchan y realmente hay una solución para ese problema”, expresó Noemí Fernández Vázquez tras su audiencia ante el juez.
A fin de socializar las bondades del Juicio Oral en Materia Familiar, el Poder Judicial del Estado convocó a Asociaciones, Barras, Colegios de Abogados, Facultades de Universidades Públicas y Privadas de Derecho.
El Magistrado Presidente, Héctor Sánchez destacó que esta nueva modalidad de procedimientos representa una herramienta procesal que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia le otorga al Poder Judicial para fortalecer la justicia familiar.
En este sentido, destacó que se suma a otras acciones como el programa de Jueces 24/7, para dar seguridad a mujeres, niñas y adolescentes en situaciones de violencia, una problemática ante la cual la solución se concentra en el acceso a la justicia.
Subrayó que la pandemia no detuvo las actividades del Poder Judicial, por el contrario, se buscó aprovechar que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla considera la posibilidad de llevar a cabo estos juicios orales en materia familiar para desahogar los divorcios incausados, pensiones alimenticias, guarda y custodia de menores, que mensualmente representan hasta 500 demandas solo en el distrito judicial de Puebla.
Los Consejeros de la Judicatura Joel Sánchez Roldán y Jared Soriano Hernández, y los Magistrados de la Comisión de Derecho Privado y su Aplicación, coincidieron en que se garantiza el debido proceso, pero el reto será cambiar la cultura litigiosa. Señalaron que los esfuerzos del Tribunal se han concretado en acciones específicas pero también deben reflejarse en la práctica de las y los abogados, por lo que llamó al gremio a dejar de lado las críticas y señalamientos, para construir en positivo y destacar a Puebla en la práctica de los Juicios Orales en Materia Familiar.
A su vez, los presidentes de las Asociaciones, Barras, Colegios de Abogados y académicos, coincidieron en que se trata de una nueva práctica que revolucionará la impartición de justicia en Puebla.
En este sentido, pidieron que el sector académico sea tomado en cuenta para aportar al cambio de cultura judicial y reiteraron que las instituciones educativas tienen las puertas abiertas para que el Poder Judicial impulse este tipo de encuentros que permiten explicar la operación del sistema y difundir sus bondades, como acortar los tiempos de los procedimientos y combatir la corrupción.
Al respecto, cabe señalar que en próximas fechas se abrirá el curso de sensibilización dirigido al foro de abogados de Puebla para capacitarse en el procedimiento de Juicios Orales en materia familiar.
Finalmente, el Magistrado Presidente Héctor Sánchez, confió en que abogadas y abogados verán en este nuevo modelo una oportunidad para destacar como litigantes pero sobre todo para aportar a la tarea de garantizar la impartición de justicia a las y los poblanos.
Al encuentro acudieron Norma Estela Pimentel Méndez, Presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Puebla, Ricardo Rogelio Corral Valdéz, Presidente de la Barra de Abogados José María Lafragua, José Santiago Blanco Bárcena, Presidente del Grupo Juristas Estudiando, Alain Serrano Águila, Coordinador de Derecho de la Universidad Madero, Arán García Sánchez, Director del Departamento de Derecho en la Región Centro-Sur del Tecnológico de Monterrey, Roberto Mastachi Molina de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, Coral Santiago Vidal, del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, María Luisa López González, coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la Universidad del Valle de México Campus Puebla, Alejandro Balderas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Jesús Fuentes de la Torre, de la Universidad Iberoamericana, y Roberto Mendoza Zárate, de la Escuela Libre de Derecho.
