Los nueve policías municipales, el comandante de seguridad pública y la jueza calificadora de San Miguel Xoxtla, les imputaron el delito de homicidio culposo, por la muerte de Juan Carlos Portillo egresado de la BUAP, hace tres meses, situación que ha causado indignación en la familia de la víctima, ya que exigen que sean juzgados por homicidio doloso.
En rueda de prensa, que ofrecieron los familiares del joven en las afueras de la casa de justicia de San Andrés Cholula está mañana, revelaron que dicha audiencia se programó para hoy a las 11:30 horas, donde el agente del Ministerio Público le imputará una nueva acusación a los detenidos.
Fue el 16 de junio cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, detuvo al director de seguridad pública municipal de dicho municipio, Mauricio N., así como a nueve uniformados y a la jueza calificadora Ivonne N., bajo los cargos de encubrimiento, abandono de funciones públicas y usurpación de funciones.
Los familiares de Juan Carlos explicaron que tras darle cumplimiento a una orden de aprehensión, se programó una audiencia para este día en donde finalmente se les imputará el delito de homicidio, sin embargo, los cargos serán a título de culpa y no de carácter doloso.
Ante esto la hermana de Juan Carlos explicó que será durante la audiencia sus abogados solicitaran, a través del agente del ministerio público, que se reclasifique el delito a homicidio doloso, cuyas penas son más altas y corresponderían a los señalamientos de que los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en el asesinato del joven egresado de la Escuela de Artes de la BUAP.
Cabe señalar que estos hechos ocurrieron
el pasado 14 de junio cuando Juan Carlos Portillo fue detenido en San Miguel Xoxtla, presuntamente por alterar el orden público, por lo que fue llevado a los separos ubicados en la comandancia de dicha demarcación.
Durante la madrugada los policías reportaron la muerte del joven por lo que la familia acudió a ver el cuerpo y aseguraron que tenía huellas de golpes, por lo que se inició una investigación que derivó en la detención de los nueve policías, el comandante de seguridad pública y la jueza calificadora.
