Las instituciones adscritas al Sistema Universitario Jesuita (SUJ) dieron inicio a su XIV Foro de Derechos Humanos, edición que retoma la presencialidad tras la suspensión del evento por la COVID en 2020. La consigna de este año se centra en la búsqueda de justicia y el ánimo a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio, asignatura vital para los ocho colegios de esta organización.
Como expresó el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector del ITESO de Guadalajara, el foro pone de manifiesto el reto de enfrentar la crisis de violaciones a los derechos humanos. Es necesario discernir cuál es el papel de las universidades jesuitas frente a la problemática y cómo pueden contribuir a traer verdad y justicia a las víctimas.
Desde los años 70, las universidades jesuitas han adoptado la cultura de los derechos humanos en su quehacer formativo, impulsando la posibilidad de “construir puentes vivenciales con la sociedad para acompañar a quienes se les despojó de la libertad”. El pensamiento, dijo el rector anfitrión, debe estar iluminado por la lucha que reivindique la dignidad humana frente a la incompetencia de las autoridades.
Los foros SUJ han permitido colocar la agenda universitaria en espacios nacionales para impulsar la discusión pública y legislativa sobre temas de urgencia social. La Mtra. Lorena Giacomán Arratia, asistente de educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, recordó que las Preferencias Apostólicas Universales establecen la encomienda de caminar junto a los descartados en búsqueda de paz y justicia.
El problema de la militarización
¿Cuáles son las tareas de un soldado? La respuesta se ha complejizado profundamente en las últimas dos décadas. En su Inventario nacional de lo militarizado, el Programa de Política de Drogas del CIDE recopila las principales facultades otorgadas a las fuerzas armadas desde 2006 hasta 2021.
Investigación, salud, protección ambiental, obras públicas: son 246 las funciones civiles desempeñadas por el Ejército, de las cuales 140 no reportan información sobre el presupuesto disponible. “No solo se trata de que cumplen funciones que no les corresponden constitucionalmente, sino que vienen acompañadas por opacidad”, aseguró la Dra. Catalina Pérez Correa.
Para justificar jurídicamente esta reestructuración, se ha recurrido a artículos legislativos genéricos que permiten interpretaciones amplias. Las leyes, explicó la académica del CIDE, no son la única forma de validar este proceso, sino que se puede dar a través de convenios administrativos a nivel estatal. La experta destacó que la falta de transparencia impide la evaluación de las funciones públicas.
Esta tendencia a la opacidad tiene especial presencia en la discusión de temas como el uso excesivo de la fuerza. A decir del Dr. Ernesto López Portillo, México está encerrado en un paradigma de seguridad basado en el castigo penal, el cual no contribuye a disminuir los índices de violencia. Al contrario: construye un consenso para la implementación de una política destinada a producir daño.
El académico de la IBERO Ciudad de México señaló la existencia de déficits en los procesos de evaluación del impacto de las políticas públicas, lo que contribuye a reproducir prácticas ampliamente denunciadas por asociaciones civiles especializadas.
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Un ejemplo de esta política descontextualizada está en el inicio de la guerra contra el narcotráfico: las cifras de homicidios en 2007 se encontraban en un mínimo histórico de ocho por cada 100,000 habitantes; la cifra se ha triplicado al día de hoy.
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López Portillo exhortó al auditorio a realizar análisis transdisciplinares para construir pedagogías políticas y sociales que encaminen a nuevos modelos de seguridad que pongan a las personas y sus derechos en el centro, contrario a la lógica actual que concibe la seguridad como un instrumento para proteger al Estado.
Una expresión fehaciente de este cometido es la creación de la Guardia Nacional. Si bien la oposición en el Congreso de la Unión logró que el organismo tuviera carácter civil, la reforma impulsada por la propia instancia desdibujó esta pretensión para convertir la nueva institución, en la praxis, en un cuerpo militar con bases legales que garantizarán su permanencia.
Los organismos protectores de derechos humanos alegan que la militarización no es una política con efectividad comprobada, sino que contribuye a incrementar la violencia. Además, la falta de transparencia supone golpes contra la democracia mexicana. “Más militarización equivale a más violaciones de los derechos humanos. […] Es falso afirmar que la Guardia Nacional tenga un récord impoluto en violaciones en derechos humanos”, aseveró el Mtro. Santiago Aguirre Espinosa.
Como nota de esperanza, el director del Centro Prodhdestacó las numerosas movilizaciones que se oponen a la construcción de nuevos cuarteles militares, particularmente en comunidades rurales e indígenas. En paralelo, se libran batallas legales, académicas y periodísticas para delimitar los marcos constitucionales que frenen el avance de tropas en las calles. Desmontar el proceso, cerró, solo ocurrirá a través del trabajo en red.
