La síndica municipal Guadalupe Arrubarrena García dejó en claro que el conflicto legal relacionado con la expropiación de terrenos será trasladado a la próxima administración de José Chedraui Budib, ya que la Sala Superior del Tribunal Agrario aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el caso.
Durante una entrevista, recordó que el litigio inició en 2020, y que en 2021 el gobierno municipal fue informado oficialmente del proceso. Posteriormente, en mayo de 2022, se dictó una sentencia inicial.
En este sentido, Arrubarrena García explicó que el ayuntamiento considera que varias de sus defensas presentadas en la demanda no fueron tomadas en cuenta, motivo por el cual decidieron acudir a instancias superiores, como el Tribunal Agrario.
Señaló que aún no hay una resolución definitiva, ya que existen más recursos legales disponibles. Incluso, mencionó que después del veredicto de la Sala Superior, podrían interponer un amparo.
Además, aclaró que no se ha determinado una “cantidad líquida”, lo que significa que no se ha establecido cuánto tendría que desembolsar el gobierno municipal a las personas afectadas por la expropiación de terrenos en 1966, utilizada para construir cinco vialidades en el sur de la ciudad.
También mencionó que los demandantes pueden proponer un monto, pero será la autoridad competente quien finalmente fije la cantidad.
Para concluir, la síndica informó que los reclamantes exigen más de mil millones de pesos. A pesar de que no alcanzarán a resolver el asunto antes de finalizar su administración, aseguró que seguirán promoviendo diálogos a través de reuniones con los involucrados.
