Hacienda explica por qué fueron congeladas cuentas ligadas a funcionarios señalados en Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó el bloqueo preventivo de cuentas a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. La medida, informó la Secretaría de Hacienda, busca resguardar la estabilidad del sistema financiero mientras se revisan reportes emitidos por instituciones bancarias mexicanas.
De acuerdo con Hacienda, la inclusión de estas personas en la Lista de Personas Bloqueadas ocurrió tras alertas generadas por bancos nacionales, luego de que el gobierno estadounidense hiciera públicos señalamientos contra 10 figuras vinculadas al estado de Sinaloa. Las instituciones financieras mexicanas activaron mecanismos de monitoreo debido a su relación con bancos de Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó en conferencia desde Palacio Nacional que el congelamiento de cuentas responde a procesos automáticos de prevención entre ambos sistemas bancarios. Aclaró que la UIF no inició una investigación específica contra Rubén Rocha, sino que las medidas derivan de protocolos que se activan cuando existen órdenes de aprehensión o requerimientos emitidos por autoridades estadounidenses.
Sheinbaum señaló que las instituciones financieras mexicanas mantienen acuerdos de corresponsalía con bancos de Estados Unidos, por lo que deben atender alertas relacionadas con clientes considerados Personas Políticamente Expuestas. Más tarde, la propia UIF reiteró que el bloqueo es temporal y no representa una resolución definitiva ni una confirmación de responsabilidad penal.
El organismo añadió que las personas afectadas cuentan con recursos legales para impugnar la medida y ejercer su derecho de audiencia conforme a la legislación mexicana. La inmovilización, insistió Hacienda, tiene un carácter preventivo y forma parte de los controles aplicados para evitar riesgos dentro del sistema financiero nacional.
Rubén Rocha Moya aparece entre los funcionarios señalados en una investigación abierta en el Distrito Sur de Nueva York. Según el expediente, autoridades estadounidenses lo relacionan con un supuesto esquema de protección a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. La acusación también involucra a exfuncionarios de seguridad, entre ellos Gerardo Mérida.
El caso sostiene que integrantes de corporaciones policiacas filtraban información sobre operativos y cateos a cambio de pagos que, presuntamente, alcanzaban hasta 300 mil pesos. Las alertas financieras se producen además en un contexto de tensión entre México y Estados Unidos, luego de las sanciones impuestas en 2025 a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero ligado a organizaciones criminales.
