Fundación Jenkins acusa a jueces corruptos en persecución vs Luis Ernesto Derbez
En las últimas horas se ha establecido un reiterado mecanismo de presión para desviar la atención sobre el tema de fondo: la evasión al cumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la UDLAP, propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins, para apropiarse ilícitamente de patrimonio privado.
A través de un comunicado, la Fundación Jenkins aseguró que se trata de una persecución política para la fabricación de órdenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición desde el Gobierno de Puebla.
La Fundación M. S. Jenkins acusó de manera enérgica que hay una suspensión de amparo vigente que debe cumplirse y por eso se denunciará a los litigantes involucrados con los jueces 24 y 60 civiles de la Ciudad de México, que forman parte de una red de complicidades impune hasta el momento.
Recordaron que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), pese a ser un patrimonio privado, fue invadido el 29 de junio pasado por la Policía Estatal, violando los derechos de la Fundación Mary Street Jenkins, de la Fundación de la UDLAP, de la familia Jenkins de Landa y de su equipo jurídico.
Señalaron que esta intervención fue ordenada por Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 Civil de la Ciudad de México, quien ha mostrado un comportamiento irregular alineando sus acciones a las intenciones de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, para imponer a un patronato y un Rector espurios.
La Fundación M. S. Jenkins obtuvo una suspensión vigente otorgada por un Juzgado Federal para que la UDLAP sea devuelta de forma inmediata al Patronato legalmente constituido y presidido por Margarita Jenkins de Landa.
Sin embargo, esta suspensión ha sido violada de forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, ex Senador del PAN y compañero de escaño de Miguel Barbosa; Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la FUDLAP, y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 civiles de la CDMX.
Por este motivo, la Fundación Mary Street Jenkins anunció que presentará una queja formal contra los jueces 24 y 60 de la Ciudad de México ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que investigue su proceder, vínculos y complicidades.
Aseguraron que sanear la corrupción en el Poder Judicial de la capital del país es un tema del mayor interés para su Magistrado Presidente Rafael Guerra Álvarez y para la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quienes se han comprometido con erradicar este tipo de conductas que vulneran el Estado de Derecho.
Además, esta queja será un elemento importante en la revisión que realiza el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respecto a los sistemáticos atropellos en contra de los integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados, que desde 2018 fueron exonerados por la hoy FGR, sobre diversos señalamientos que generan un doble juzgamiento, violatorio de nuestra Constitución.
