La solicitud de juicio político promovida contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efecto luego de que no fuera ratificada dentro del plazo legal establecido. Así lo informó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien señaló que el procedimiento perdió validez al no cumplirse con el requisito correspondiente.
La legisladora federal explicó que las personas que impulsaron el recurso contaban con un periodo de tres días para confirmar formalmente la solicitud presentada ante la Cámara de Diputados. Al concluir ese plazo sin que se realizara la ratificación, el trámite fue desechado y dejó de tener existencia jurídica.
Durante un encuentro partidista realizado en Chihuahua, López Rabadán indicó que, conforme a la normativa aplicable, una solicitud que no es ratificada se considera como no presentada. Por ello, aseguró que actualmente no existe ningún procedimiento de juicio político en curso contra la mandataria estatal.
El recurso había sido promovido por 11 diputados locales de Morena, quienes acusaron a la gobernadora de presuntas violaciones graves a la Constitución, así como de omisiones que, según argumentaron, tendrían implicaciones en temas relacionados con la soberanía, la seguridad nacional y el orden federal. Sin embargo, ninguno de los legisladores que respaldaron inicialmente la petición acudió a ratificarla dentro del periodo previsto por la ley.
Entre los firmantes de la solicitud se encontraban Edin Cuauhtémoc Estrada, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Máynez, Óscar Daniel Avitia, Elizabeth Guzmán Argueta, María Antonieta Pérez Reyes, Brenda Francisca Ríos, Pedro Torres Estrada, Edith Palma Ontiveros, Herminia Gómez Carrasco y Jael Argüelles Díaz.
En sus declaraciones, López Rabadán también expresó respaldo a la administración encabezada por Maru Campos y sostuvo que el caso refleja la importancia de actuar dentro del marco legal. Además, consideró que la falta de ratificación respondió a la presión pública ejercida por ciudadanos que exigieron apego a la ley y responsabilidad en el desempeño de los servidores públicos.
La solicitud fue recibida por la Cámara de Diputados a finales de mayo y debía ser ratificada a más tardar el 29 de ese mismo mes. Al no concretarse ese paso procesal, el expediente quedó archivado y el intento de iniciar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua concluyó sin avanzar a las siguientes etapas legales.
