FGR acusa a Ángel Aguirre de ordenar ocultar pruebas del caso Ayotzinapa; ya fue detenido
La Fiscalía General de la República (FGR) atribuyó al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, haber encabezado una presunta operación para ocultar evidencia relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con la dependencia, la destrucción de pruebas habría sido una decisión tomada desde el más alto nivel del gobierno estatal.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró que el ocultamiento de las videograbaciones captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala no fue producto de fallas técnicas ni de una omisión administrativa, sino de una acción deliberada para impedir que las imágenes formaran parte de la investigación.
Según la fiscalía, las cámaras registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, donde viajaba un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue interceptado por policías municipales y estatales antes de la desaparición de varios de los jóvenes.
Las investigaciones sostienen que la versión oficial difundida en su momento, en la que se afirmaba que las grabaciones no existían debido a problemas en el sistema de videovigilancia, fue desmentida por nuevas evidencias. En enero de 2026, un testigo colaborador declaró que los videos sí fueron recuperados y entregados directamente al entonces mandatario estatal.
Posteriormente, en mayo de este año, un segundo testigo protegido reforzó esa versión al señalar que Aguirre Rivero encabezó una reunión con integrantes de su gabinete en la que presuntamente ordenó eliminar cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Con base en estos elementos, la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa obtuvo una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
El exgobernador fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, Estado de México. Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, donde quedó a disposición de un juez federal que definirá su situación jurídica.
La investigación también involucra a otros exfuncionarios estatales. Entre ellos se encuentra Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, detenida en 2025 por su presunta participación en el ocultamiento de las grabaciones. Aunque inicialmente permaneció en prisión preventiva, posteriormente obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria por razones de salud y edad.
La captura de Aguirre Rivero representa uno de los avances más relevantes en la investigación del caso Ayotzinapa en los últimos años, al dirigir las indagatorias hacia la presunta responsabilidad de exintegrantes del gobierno estatal en el encubrimiento de pruebas consideradas clave para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas.
