Estados Unidos abrió un nuevo frente en su estrategia contra el narcotráfico y ahora el golpe no fue contra los cárteles, sino contra la clase política mexicana. De acuerdo con funcionarios consultados por la agencia Reuters, Washington revocó las visas de al menos 50 políticos y servidores públicos, en una medida que ha causado un fuerte sacudimiento —aunque silencioso— entre altos mandos del gobierno.
La ofensiva forma parte de la política impulsada durante la administración de Donald Trump, quien decidió usar la cancelación de visas no solo como herramienta migratoria, sino como mecanismo de presión diplomática. Exembajadores estadounidenses confirmaron que este tipo de sanciones ya existían, pero nunca se habían aplicado con tal alcance ni contra funcionarios en activo, un terreno que históricamente era considerado “demasiado delicado”.
Entre los afectados habría mayoritariamente cuadros del partido Morena, aunque también figuran nombres de otras fuerzas políticas. Solo unos pocos casos se han hecho públicos, como el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado. También están en la lista alcaldes, directores jurídicos y funcionarios municipales de estados fronterizos, algunos retenidos directamente al intentar cruzar a Estados Unidos.
Lo más polémico es que EU puede cancelar una visa sin explicar sus razones. Basta con que considere que la permanencia de una persona “no es de interés nacional”. Y así lo está haciendo. Los señalados no necesariamente enfrentan procesos judiciales, pero según las fuentes consultadas, muchos estarían bajo investigación por posibles vínculos financieros o políticos con organizaciones criminales.
En medio de esta ofensiva destaca el nombre de Christopher Landau, exembajador en México y hoy alto funcionario del Departamento de Estado. Él mismo se ha asumido con humor como “El Quitavisas”, apodo que se ganó tras ordenar la cancelación de documentos incluso por declaraciones en redes sociales contra Estados Unidos.
La táctica no es exclusiva para México. Casos similares se han registrado en Colombia, Brasil y Costa Rica. El mensaje desde Washington es claro: ya no necesitan acuerdos ni juicios. Les basta con cerrarles la frontera para poner presión donde duele. Y en la élite política mexicana, perder la visa puede ser casi tan incómodo como una acusación formal.
