La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma al Poder Judicial, una propuesta impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 5 de febrero. La aprobación se logró con 22 votos a favor de los legisladores de Morena y sus aliados del PVEM y PT, frente a 17 votos en contra provenientes de los partidos de oposición: PRI, PAN, PRD y MC.
Durante la discusión, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández recordó los numerosos foros y diálogos que precedieron la elaboración del dictamen, pero criticó que estos espacios de participación solo sirvieron como una simulación. Por su parte, el líder del PRI, Rubén Moreira, señaló que la reforma debería centrarse en reducir la saturación de los juzgados locales, aumentar el personal en los juzgados federales, mejorar los salarios, y fortalecer al Ministerio Público y los centros periciales. Según Moreira, la propuesta en su forma actual abre la puerta a la intervención de poderes fácticos, incluyendo el capital y el crimen organizado.
En el mismo tenor, Margarita Zavala, diputada del PAN, acusó a Morena de utilizar la reforma como un instrumento de venganza, advirtiendo sobre posibles despidos masivos e injustificados. En contraste, Hamlet García, de Morena, calificó como infundadas las acusaciones sobre la falta de diálogo con el Poder Judicial y aseguró que los derechos laborales serán plenamente respetados, incluso aquellos que superen los beneficios establecidos por la ley.
Gerardo Fernández Noroña, representante del PT, no escatimó en calificativos para la oposición, a quienes llamó “apátridas” y “traidores a los intereses del pueblo” por, según él, apoyar intereses extranjeros, incluyendo los representados por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.
La reforma plantea cambios profundos en el sistema judicial, destacando la modificación del artículo 95 constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Además, propone dos elecciones, una en junio de 2025 y otra en 2027, para renovar la totalidad de estos cargos.
Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el proyecto establece un mandato que oscilará entre ocho y once años, lo que implicará que cuatro ministros dejarán su cargo en 2033 y cinco en 2036, reduciendo el pleno de 11 a 9 integrantes. Asimismo, se prevé la desaparición de la sala regional especializada del TEPJF y la eliminación de las dos salas de la SCJN, concentrando las sesiones en un pleno que deberá ser público y transparente.
Otro de los puntos clave de la reforma es la eliminación de la pensión vitalicia para ministros, tanto actuales como futuros, y la imposición de un tope salarial para que ningún integrante del Poder Judicial gane más que el Presidente de la República. Además, se contempla la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, encargados de las funciones administrativas y de control interno, y de la recepción de denuncias contra personal judicial, respectivamente.
La reforma también impone plazos máximos para la resolución de asuntos fiscales y penales, prohíbe la suspensión de leyes en casos de amparos y acciones de inconstitucionalidad, y obliga a los poderes judiciales locales a establecer reglas para la elección directa de magistrados y jueces. Además, se ordena la extinción de los fondos y fideicomisos del Poder Judicial, para que sus recursos sean destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Finalmente, se da “pase automático” a los jueces, magistrados y ministros en funciones para que puedan participar en las elecciones populares del próximo año. Sin embargo, aquellos que no resulten electos deberán renunciar antes del 31 de agosto de 2025 para poder recibir su haber de retiro.
Tras la aprobación en lo general, el debate ahora se centra en lo particular, con un total de 330 reservas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, que incluyen propuestas de modificación al proyecto. Se espera que la discusión se prolongue hasta la madrugada del martes 27 de agosto, cuando se someta a votación final en la Comisión de Puntos Constitucionales antes de su eventual discusión en el pleno de la Cámara de Diputados.
