Cada 2 de noviembre, la comunidad internacional recuerda una de las luchas más urgentes para la libertad de expresión: poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas. La fecha fue proclamada por la ONU en 2013, tras el asesinato de dos reporteros franceses en Malí, y busca que los Estados garanticen justicia para quienes han sido silenciados por informar.
De acuerdo con la UNESCO, más del 80 % de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen sin resolver. Esta impunidad no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también envía un mensaje peligroso: se puede atacar a la prensa sin consecuencias. La organización subraya que cuando no hay castigo, la sociedad entera pierde acceso a información vital y se debilita el Estado de derecho.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) registró en 2024 un repunte global en los ataques letales a comunicadores, sobre todo en zonas de conflicto. México volvió a figurar entre los países más peligrosos para ejercer el oficio, junto con Filipinas, Haití e Israel. Según ARTICLE 19, desde el año 2000 más de 160 periodistas han sido asesinados en México, y en la mayoría de los casos las investigaciones siguen abiertas o sin avances.
El panorama es particularmente grave en los estados donde confluyen crimen organizado, intereses políticos y economías ilegales. En muchas ocasiones, los reporteros son el primer blanco de quienes buscan ocultar vínculos de corrupción o violencia local. En 2024, el organismo documentó más de 560 agresiones a periodistas, incluyendo amenazas, hostigamientos digitales y ataques físicos, la mayoría de ellos dirigidos a comunicadores que cubren temas de seguridad, derechos humanos y política.
Uno de los datos más preocupantes es que al menos ocho periodistas fueron asesinados mientras estaban bajo el Mecanismo de Protección federal, según informes de la CNDH y organizaciones internacionales. Entre los casos más recordados están Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y Javier Valdez, fundador de Ríodoce en Sinaloa. Ambos habían denunciado amenazas previas y solicitaron medidas de seguridad. Sus asesinatos, ocurridos en 2017, se convirtieron en símbolos de la falta de respuesta institucional y de las limitaciones de los programas de protección existentes.
Las agresiones no siempre terminan en homicidios. Decenas de reporteros han sido desplazados, hackeados o intimidados por su labor informativa. Algunos han pedido refugio dentro o fuera del país tras recibir amenazas directas. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), la autocensura se ha vuelto una estrategia de supervivencia para muchos periodistas, especialmente en regiones dominadas por el crimen organizado. “El miedo se ha instalado como filtro de la información”, advirtió la organización en su último informe sobre libertad de prensa.
Frente a este panorama, el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas no es una simple efeméride: es un llamado urgente a garantizar investigaciones serias, proteger a quienes ejercen el periodismo y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. La ONU y la UNESCO exhortan a los gobiernos a coordinar fiscalías, crear registros públicos de avances judiciales y ofrecer reparación integral a las víctimas y sus familias.
En México, el debate sigue abierto. Organismos civiles y colectivos de prensa han insistido en que no basta con leyes o mecanismos, sino con voluntad política, recursos suficientes y una estrategia de prevención que involucre a todos los niveles de gobierno. Cada agresión sin castigo, recuerdan, se traduce en menos periodismo y en una sociedad menos informada.
