Autoridades federales desmantelaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Petatlán, Guerrero, como resultado de un operativo conjunto realizado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De acuerdo con información oficial, durante recorridos terrestres fue localizada una bodega que funcionaba como centro de producción, así como un campamento utilizado para actividades relacionadas con la fabricación de estupefacientes. En el sitio se aseguraron e inutilizaron alrededor de 24 mil 920 litros y más de 12 mil 200 kilogramos de sustancias químicas, consideradas precursores de alto riesgo para la salud pública.
Las autoridades informaron que el laboratorio tenía la capacidad de producir de manera simultánea distintos tipos de drogas sintéticas, entre ellas metanfetaminas, opioides sintéticos y drogas de diseño conocidas como tusi. Este tipo de infraestructura es poco frecuente, ya que la mayoría de los laboratorios clandestinos detectados se enfocan en la elaboración de una sola sustancia.
Las instalaciones fueron inhabilitadas para evitar su reutilización, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables. De manera preliminar, los indicios recabados vinculan el laboratorio con Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera. Coronel Aispuro ha sido identificado por las autoridades como integrante del Cártel del Pacífico, en la facción conocida como Los Chapitos, y cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y portación de arma de fuego registrados entre 2013 y 2015.
En una acción adicional, las fuerzas federales localizaron y desmantelaron un campamento clandestino presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada. En ese lugar se aseguraron vehículos, armamento, municiones, equipo táctico y diversa indumentaria. En total, cuatro inmuebles fueron intervenidos y quedaron inutilizados.
Todo el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará las carpetas de investigación correspondientes. Las autoridades estimaron que las acciones realizadas representan una afectación económica cercana a 30 millones de pesos para las organizaciones criminales involucradas.
