Con la reciente aprobación de la reforma de supremacía constitucional en Puebla, mejor conocida como Ley Anti Amparo, el Congreso local dio un paso decisivo para blindar las reformas constitucionales, limitando su impugnación por la vía judicial en la entidad. Esta decisión, que generó un debate intenso y posiciones polarizadas, fue aprobada con 34 votos a favor y seis en contra, reflejando la mayoría de Morena en el recinto legislativo.
Durante la sesión, los legisladores de oposición —incluidos miembros del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— manifestaron un rechazo contundente, acusando a Morena de aprovechar su hegemonía para consolidar cambios que, según ellos, rompen el equilibrio y la división de poderes. La diputada priista Delfina Pozos criticó enérgicamente la reforma, asegurando que la medida fractura el sistema de pesos y contrapesos y pone en riesgo la democracia al concentrar el poder en una sola entidad.
Rafael Micalco, legislador panista, expresó su preocupación y apeló a sus compañeros opositores a abstenerse de votar, aunque su petición fue ignorada. Finalmente, ante lo que consideró una derrota de los derechos ciudadanos, Micalco pidió a los legisladores del PRI y MC un minuto de silencio en honor a las libertades que, en su opinión, se ven amenazadas por la nueva legislación.
Por su parte, la bancada de Morena defendió la reforma argumentando que responde a una demanda popular de eliminar los privilegios del Poder Judicial y asegurar la soberanía y legitimidad del pueblo. “Nada ni nadie por encima de la Constitución”, subrayó el diputado José Luis García Parra, quien destacó que la ley representa una transformación en favor de la justicia y en respuesta a las necesidades de la población, alejándose de lo que describió como intereses particulares que no representan a la mayoría.
Diputadas como Xel Arianna Hernández y María de la Barreda, también de Morena, reafirmaron que la intención de la ley no es fomentar un conflicto entre los poderes, sino proteger la Constitución de injerencias que, afirman, buscan mantener privilegios. Según Hernández, esta reforma refleja la voluntad de la ciudadanía que los llevó al poder, enfatizando que el respaldo obtenido en las urnas el 2 de junio les otorga la legitimidad para impulsar cambios profundos.
La reforma de supremacía constitucional, que fue aprobada a nivel nacional por el Senado el pasado 25 de octubre tras un extenso debate, blinda las reformas recientes al Poder Judicial, impidiendo que puedan ser impugnadas.
