La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la nueva imputación penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, luego de que un juez federal ordenara prisión preventiva justificada por un presunto desvío de recursos públicos. El caso volvió a colocar en la agenda nacional la discusión sobre el uso de fondos destinados a programas sociales y de salud, así como el alcance de las decisiones judiciales frente a figuras políticas.
Durante su posicionamiento, la mandataria explicó que el Ejecutivo no interviene en procesos penales, ya que la investigación y la determinación de medidas cautelares corresponden a instancias autónomas. Señaló que, cuando existe una denuncia, la autoridad investigadora integra pruebas y las presenta ante un juez, quien define el curso legal del procedimiento. Con ello, insistió en que la resolución responde exclusivamente al ámbito judicial.
A título personal, Sheinbaum afirmó que los hechos atribuidos al exfuncionario representan un fraude y un delito. Su comentario se enmarcó en una crítica a antiguos mecanismos de transferencia de recursos federales, particularmente aquellos ligados a esquemas de salud que, según explicó, permitían que el dinero llegara a los estados sin garantizar su aplicación directa en servicios médicos o medicamentos.
La causa penal deriva de una acusación presentada por la Fiscalía General de la República por el supuesto desvío de cerca de cinco millones de pesos que habrían estado destinados a programas de atención a personas con discapacidad en Veracruz. De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el Ministerio Público aportó datos que sustentan la imputación por peculado, figura legal que sanciona el uso indebido de recursos públicos.
La medida cautelar fue dictada en el Reclusorio Norte, donde se celebró la audiencia inicial. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que el juez fijó una nueva sesión para determinar si el exgobernador será vinculado a proceso. Mientras tanto, Duarte permanecerá bajo la medida preventiva.
Este nuevo frente judicial se suma a la sentencia previa de nueve años de prisión por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Analistas señalan que la investigación actual podría influir en los tiempos y condiciones legales del exmandatario, ya que el delito imputado contempla penas que pueden extenderse varios años.
El pronunciamiento presidencial ocurre en un contexto donde la rendición de cuentas y la supervisión del gasto público mantienen atención pública. La referencia a la separación de poderes buscó subrayar que el desarrollo del caso depende de instancias judiciales, mientras el debate sobre el destino de los recursos federales continúa presente en la discusión nacional.
