La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de validez para la reforma de Supremacía Constitucional, luego de que 23 estados del país otorgarán su respaldo a esta iniciativa. Con esta resolución, la supremacía de la Constitución mexicana se fortalece, asegurando que la ley esté por encima de cualquier interpretación arbitraria o abuso de poder en el sistema judicial.
En tribuna, el diputado y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, se pronunció como único orador en defensa de la reforma. En su discurso, Monreal subrayó que el juicio de amparo, uno de los pilares del sistema judicial mexicano que garantiza los derechos de los ciudadanos frente al Estado, permanece intacto. Además, enfatizó que la aprobación de esta reforma representa un mensaje claro: ante cualquier abuso en el ejercicio de la función judicial, prevalece el imperio de la ley y la protección de los derechos fundamentales.
La rapidez con la que esta reforma fue aprobada en los congresos estatales destaca el consenso y la urgencia que los legisladores han atribuido al fortalecimiento de la Supremacía Constitucional. En menos de 21 horas, los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México aprobaron esta modificación, demostrando un respaldo mayoritario a nivel nacional.
Este respaldo de 23 entidades también refleja una tendencia en el país hacia una mayor uniformidad en la interpretación de los derechos y obligaciones constitucionales. Sin embargo, algunos críticos han señalado que la velocidad en la aprobación de la reforma limita el tiempo para un debate más profundo en cada estado, lo que podría afectar la comprensión y el alcance de sus implicaciones a largo plazo.
La declaratoria emitida por la Cámara de Diputados reafirma la posición de la Constitución como la máxima ley en México, estableciendo un precedente relevante en la dinámica entre los poderes y reforzando el sistema de contrapesos. Esta decisión ha generado una respuesta dividida entre los actores políticos y ciudadanos, pues mientras algunos consideran que fortalece el Estado de derecho, otros ven con preocupación la posibilidad de interpretaciones restrictivas en los tribunales locales.
