Tras una resolución federal, quedó en libertad por falta de pruebas Juan Sánchez Moreno, excoordinador de la Policía Judicial en Puebla, acusado de participar en la tortura de la periodista Lydia Cacho.
El 5 de julio, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito emitió un amparo liso y llano a favor de Sánchez Moreno, quien fue señalado por su supuesta intervención en la detención y traslado ilegal de Cacho, ocurrido en 2005, tras la publicación del libro Los demonios del Edén, donde la periodista expuso una red de pederastia vinculada a empresarios y políticos.
Sánchez Moreno, comandante de mandamientos judiciales en aquella época, fue señalado como uno de los funcionarios que habrían permitido el operativo para detener a Cacho en Cancún y llevarla por carretera a Puebla. Durante ese trayecto, la periodista denunció haber sufrido tortura psicológica, amenazas y agresiones verbales.
El caso fue reabierto en 2018 por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que ejerció acción penal contra varios implicados, entre ellos el exgobernador Mario Marín, el empresario José Kamel Nacif y Sánchez Moreno. En 2019 se dictó auto de formal prisión contra él y, en enero de 2020, fue condenado a cinco años y tres meses.
Posteriormente, en 2021, un tribunal de apelación aumentó la pena a siete años y medio y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 15 años.
Sin embargo, el amparo directo 76/2022 cambió el rumbo del proceso. El tribunal resolvió que los testimonios y peritajes no demostraron de forma contundente que Sánchez Moreno hubiera ordenado o ejecutado actos de tortura ni que hubiera instruido a otros para hacerlo. Según el fallo, los hechos de tortura fueron cometidos directamente por otros individuos, sin evidencia que ligara de forma directa al excomandante.
El tribunal ordenó a las autoridades emitir una sentencia absolutoria en un plazo de 24 horas y dejarlo en libertad de inmediato. El sábado pasado se hizo efectiva su salida del Centro Penitenciario Benito Juárez de Cancún, Quintana Roo, donde permanecía recluido.
El caso de Lydia Cacho se originó hace casi dos décadas, cuando la periodista fue arrestada tras denunciar una red de explotación infantil. Durante su traslado a Puebla, relató haber sido amenazada y hostigada por los agentes que la custodiaron, hechos que quedaron documentados en su libro Historia de una infamia.
El Poder Judicial federal subrayó que no se logró desvirtuar el principio de presunción de inocencia de Sánchez Moreno y que no había elementos claros para sostener que participó como autor directo o mediato de los delitos que se le imputaron.
