A cuatro años del fraude de AE Capital, víctimas siguen sin justicia; temen liberación de una de las principales acusadas

A cuatro años del millonario fraude cometido por la empresa AE Capital, con sede en Puebla, cientos de víctimas en México y el extranjero siguen sin recuperar un solo peso de su inversión. A pesar de más de 200 denuncias presentadas y múltiples procesos judiciales en curso, los responsables continúan en libertad o prófugos.

En conferencia de prensa, la asesora jurídica de las víctimas, Eliana Bonilla Carmona, advirtió que existe un riesgop de que Daniela Martina Berlín Tolentino, fundadora y socia de AE Capital, obtenga su libertad, lo que podría derivar en impunidad total para el caso.

Bonilla Carmona detalló que los montos invertidos por las víctimas oscilan entre los 200 mil y los 40 millones de pesos por persona, y que muchas de ellas son adultos mayores que invirtieron sus ahorros de toda la vida y los perdidos por completo y ahora algunos no tienen para pagar tratamientos médicos.

Por ello, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al gobernador Alejandro Armenta Mier para que atiendan el caso como un tema de interés social. “Se trata de un delito que dejó sin patrimonio a cientos de familias, principalmente personas mayores”, subrayó.

Promesas de inversión y pérdidas millonarias

AE Capital S.A. de C.V., también conocida como AE Group y AE Forex Trading and Risk Management, comenzó operaciones en 2017, ofreciendo supuestos servicios de intermediación financiera para invertir en el mercado de divisas (Forex).

Mediante publicidad digital, trípticos y recomendaciones personales, la empresa prometía rendimientos mensuales de hasta 3.3 por ciento, una cifra muy por encima de lo ofrecido por instituciones bancarias. Los inversionistas fueron convencidos de que se trataba de una firma legalmente constituida, con presencia internacional y amplia experiencia. Además, de conocer a los inversionistas.

Sin embargo, a partir de 2020, los pagos se suspendieron de forma definitiva. La empresa justificó la situación alegando bloqueos de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y retrasos administrativos, pero los recursos jamás fueron devueltos.

El fraude se estima en más de 10 mil millones de pesos, afectando a cerca de 2 mil personas en México y el extranjero, por lo que ahora es una denuncia transnacional.

Denuncias sin resultados

Desde 2021, se han presentado alrededor de 200 denuncias por fraude en Puebla contra los principales socios: Luis Antonio Echeverría Fonseca (dueño de la empresa, actualmente prófugo), Gabriel Antuán Ortega Vázquez, Daniela Martina Berlín Tolentino y otros implicados.

Aunque se giraron órdenes de aprehensión, únicamente Daniela Berlín Tolentino y Diego Matías Berlín Tolentino fueron detenidos y permanecen en prisión preventiva. El resto continúa sin ser localizado.

Durante estos cuatro años, las víctimas han organizado marchas, conferencias de prensa y protestas tanto en Puebla como en la Ciudad de México. También han presentado solicitudes ante diversas autoridades estatales y federales, sin obtener reparación alguna del daño causado.

Riesgo de liberación e impunidad

La asesora legal explicó que el pasado 31 de julio de 2025, Daniela Berlín Tolentino —esposa de Luis Antonio Echeverría Fonseca— solicitó una nueva revisión de la medida cautelar que la mantiene en prisión preventiva.

Su posible liberación representa un riesgo significativo para las más de 97 víctimas contempladas en la causa penal actual, así como para los cientos de afectados cuyos casos aún no han sido judicializados. Berlín Tolentino es la única socia detenida y titular de cuentas bancarias congeladas por la UIF. En libertad, temen las víctimas, podría huir del país y enterrar el caso en la impunidad.

Las víctimas exigen justicia

Ante este panorama, las personas afectadas hicieron un llamado urgente a las autoridades judiciales que no concedan la libertad a Daniela Berlín Tolentino mientras continúe el proceso.
Además, de que ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes contra los socios prófugos y que, garanticen la devolución del dinero defraudado.

“La justicia no puede seguir postergándose. Cientos de familias perdieron su patrimonio y, cuatro años después, aún no hay castigo para los responsables”, sentenciaron.