Diputados aprueban en lo general el plan B electoral; Morena y aliados impulsan recortes y topes salariales
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado plan B de reforma electoral, con el propósito de reducir el costo de los ayuntamientos y congresos locales, así como limitar las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales para impedir que superen el salario del Presidente de la República.
El dictamen, que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, fue avalado con 377 votos de Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, mientras que 102 legisladores del PAN y PRI votaron en contra.
Al fijar postura, el morenista Leonel Godoy defendió la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que la reforma busca terminar con privilegios y promover la austeridad en congresos estatales y cabildos municipales. Desde la tribuna, cuestionó la negativa de la oposición, acusándola de rechazar cualquier proyecto legislativo.
La respuesta vino del panista Germán Martínez Cázares, quien desde su curul arremetió contra Godoy y recordó el episodio en que un legislador michoacano ingresó oculto en la cajuela de un vehículo para rendir protesta, en medio de señalamientos por delincuencia organizada.
Por su parte, diputados del PRI acusaron que el proyecto es centralista y autoritario, además de señalar que no hubo consulta a pueblos originarios cuyos municipios serían afectados. El legislador priista Alejandro Domínguez recriminó que el país requiere soluciones, no simulaciones.
En contraste, Movimiento Ciudadano respaldó la reforma pese a considerarla insuficiente. El diputado Pablo Vázquez la calificó como un “tirititito”, pero adelantó que su bancada no obstaculizaría la reducción de privilegios en instituciones públicas.
El plan B establece que los ayuntamientos contarán con un máximo de 15 regidurías y obliga a las constituciones estatales a fijar que el presupuesto de los congresos locales no supere 0.70% del gasto estatal. También ordena que salarios de autoridades electorales no rebasen el del Presidente y prohíbe seguros privados o prestaciones especiales mediante recursos públicos.
Además, el Senado deberá reducir su presupuesto en 15% real durante los próximos cuatro ejercicios fiscales, conforme a lo previsto en los artículos transitorios de la reforma.
