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En una sesión marcada por negociaciones de último minuto, desacuerdos dentro del propio bloque oficialista y discursos que evidenciaron tensiones acumuladas, el Senado mexicano aprobó el llamado Plan B de la reforma electoral. La discusión no sólo giró en torno a recortes presupuestales y ajustes administrativos, sino también sobre el alcance político de la revocación de mandato y el papel que cada partido jugará rumbo a 2027.
El dictamen obtuvo 87 votos a favor y 41 en contra, con la mayoría calificada necesaria para avanzar hacia la Cámara de Diputados. Sin embargo, el aval llegó con un cambio clave impulsado por el Partido del Trabajo (PT): retirar cualquier modificación al artículo 35, lo que deja intacto el mecanismo de revocación de mandato y evita que se empalme con la elección intermedia de 2027. La reserva fue presentada por la senadora Lizeth Sánchez García, quien defendió que la revocación y los procesos electorales tienen funciones distintas y que unirlos podría generar confusiones sobre su naturaleza.
Esa decisión no pasó desapercibida. La bancada del PT había anticipado que no apoyaría el dictamen en los términos originales y condicionó su voto en lo general a eliminar los ajustes al artículo 35. El movimiento abrió un inusual espacio de coincidencia con la oposición, que celebró el desacuerdo dentro del bloque mayoritario. A pesar de ello, los petistas insistieron en que su alianza con la presidenta Claudia Sheinbaum permanece firme y que el desacuerdo no implica una ruptura con el proyecto político que impulsan junto con Morena y el PVEM.
Mientras tanto, el pleno del Senado desechó otras reservas planteadas por Morena, el PAN, PRI, MC y los partidos aliados. Así, se mantuvieron sin cambio los ajustes a los artículos 115, 116 y 134, que incluyen nuevas reglas para la integración de ayuntamientos —con una sindicatura y hasta 15 regidurías—, topes presupuestales para congresos locales y límites salariales para consejeros y magistrados electorales, quienes ya no podrán ganar más que la persona titular del Ejecutivo federal.
Otro punto relevante es la exigencia de que el Senado reduzca su presupuesto de manera gradual hasta alcanzar un recorte acumulado del 15% en los próximos cuatro años, en línea con la política de austeridad que el Gobierno federal ha impulsado desde el inicio del sexenio. Según explicó recientemente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el paquete legal busca contener gastos, recortar privilegios y aprovechar herramientas tecnológicas para mejorar la fiscalización.
Fuera del plano administrativo, la discusión dejó mensajes políticos claros. El dirigente histórico del PT, Alberto Anaya, confirmó que su partido acompañaría únicamente la reforma en lo general y tomó distancia de los ajustes a la revocación. Morena, por su parte, insistió en que la coalición sigue cohesionada y que las diferencias no representan fracturas rumbo a los próximos comicios.
La presidenta Sheinbaum también reaccionó desde su conferencia matutina. Señaló que existen partidos que temen perder votos si su nombre aparece en la boleta durante 2027, aunque aseguró que no intervendrá en campañas. Recordó que su propuesta original planteaba prohibir el uso de tiempos oficiales en el proceso de revocación y reiteró que se trata de un ejercicio independiente de las contiendas electorales ordinarias.
La minuta ahora pasará a la Cámara de Diputados y, después, a los congresos estatales, donde necesitará el respaldo de la mayoría de los legislativos locales para quedar inscrita en la Constitución. El capítulo más intenso del debate parece haber quedado atrás, pero los efectos políticos de este ajuste todavía tienen recorrido por delante.
