La investigación abierta tras el operativo en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación puso bajo revisión una serie de documentos que describen la operación cotidiana del grupo en varios municipios de Jalisco. Entre los papeles asegurados aparecen registros de ingresos, gastos y presuntos pagos a colaboradores y autoridades, lo que llevó a autoridades estatales y federales a iniciar el análisis de la información para determinar su autenticidad y alcance. Mientras avanzan las indagatorias, funcionarios locales sostienen que cualquier señalamiento deberá sustentarse con pruebas antes de atribuir responsabilidades.
En este contexto, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, señaló que los reportes sobre una supuesta lista de pagos vinculada a Nemesio Oseguera Cervantes no generan preocupación en la administración estatal. Explicó que el gobierno mantiene disposición para colaborar con las autoridades federales y compartir información que permita esclarecer los hechos. Indicó que muchos de los datos difundidos hasta ahora provienen de redes sociales y publicaciones periodísticas, por lo que insistió en la necesidad de esperar los resultados oficiales. También consideró que no se puede responsabilizar de manera general a corporaciones o municipios sin identificar a personas específicas.
El funcionario reiteró que la coordinación con instancias federales es necesaria para avanzar en las investigaciones y fortalecer las tareas de seguridad. En la misma línea se han pronunciado el fiscal estatal y el gobernador, quienes han asegurado que colaborarán con las indagatorias y que cualquier servidor público involucrado deberá enfrentar procesos legales.
Hernández González informó además que continúa el retiro de vehículos incendiados durante los ataques registrados el domingo pasado en distintos puntos del estado. Más de 500 unidades resultaron dañadas y la mayoría ya fue retirada, aunque aún quedan algunos casos pendientes. Entre ellos se encuentra una pipa cargada con combustible en el municipio de Tala, cuya remoción requiere procedimientos especiales.
Los documentos atribuidos al grupo criminal muestran una estructura de pagos que incluye operadores regionales, vigilantes y mandos identificados por alias. Las hojas, elaboradas a mano o en archivos digitales, registran movimientos financieros derivados de actividades como la venta de drogas y la operación de máquinas de juego. Parte de los registros corresponde a municipios como Tapalpa y Cocula, donde se reportaron ingresos por más de 17 millones de pesos en un solo mes.
Las anotaciones también describen gastos de operación como combustible, mantenimiento de vehículos, alimentos y rentas de inmuebles. En algunos casos aparecen referencias a posibles entregas de dinero a integrantes de corporaciones de seguridad y otras autoridades, información que forma parte de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República.
Autoridades federales indicaron que la revisión de los documentos deberá realizarse conforme a los procedimientos legales, incluyendo la verificación de su origen y la cadena de custodia. De confirmarse su validez, los registros podrían servir como base para nuevas carpetas de investigación relacionadas con delincuencia organizada.
