Redacción.- En un giro inesperado que pone fin a una de las batallas legales más largas y mediáticas en la historia tributaria de México, Grupo Salinas ha formalizado un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Tras más de dos décadas de litigios y una reciente ofensiva judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el conglomerado liderado por Ricardo Salinas Pliego aceptó liquidar un adeudo total de 32 mil 132 millones de pesos.
Un abono inicial y “pagos chiquitos”
El acuerdo, confirmado este jueves 29 de enero de 2026, comenzó a materializarse con un primer depósito de 10 mil 400 millones de pesos directamente a la Tesorería de la Federación. Según fuentes oficiales, el monto restante —superior a los 21 mil millones de pesos— se liquidará a través de un esquema de 18 mensualidades, una ironía que no pasó desapercibida en redes sociales, aludiendo al modelo de negocio de “pagos chiquitos” que caracteriza a sus tiendas Elektra.
Aunque el adeudo histórico que el Gobierno Federal reclamaba ascendía a los 51 mil millones de pesos, el monto final de 32 mil millones representa un ajuste derivado de beneficios fiscales previstos en la ley y mesas de trabajo donde se definieron los alcances de las disminuciones legales por pago voluntario.
“Doblamos las manos por el país, no por justicia”
A través de un comunicado emitido por la Dirección de Noticias de Grupo Salinas, el emporio dejó claro que este pago no representa una aceptación de culpa ni una coincidencia con los criterios del SAT.
“No es por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”, sentenció el documento firmado por Luciano Pascoe. Con este movimiento, el empresario busca blindar sus activos y evitar medidas más drásticas como el embargo de cuentas o propiedades, opciones que ya estaban sobre la mesa de la autoridad fiscal tras los fallos adversos en la Corte.
El impacto político: Un triunfo para la administración actual
Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, este acuerdo representa un triunfo simbólico y financiero de gran calado. La mandataria estatal había insistido durante semanas en que “no había persecución política, sino un cumplimiento de la ley”, rechazando los argumentos de Salinas Pliego sobre una supuesta violación a sus derechos humanos.
La resolución del caso envía una señal contundente al sector empresarial: incluso los contribuyentes más poderosos y combativos deben ajustarse al marco fiscal vigente. Con este pago, Salinas Pliego cierra un capítulo de confrontación directa con el Estado, aunque el costo de “dar la vuelta a la página” sea una de las facturas más altas jamás pagadas por un particular en México.
