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Cámara de Diputados avala reformas a la Ley de Aguas Nacionales; alistan discusión de 529 reservas


El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. La votación resultó en 328 sufragios a favor, cinco abstenciones y 131 en contra, tras más de siete horas de sesión. La discusión ocurrió en un contexto de manifestaciones; desde la mañana, grupos de campesinos bloquearon los accesos al recinto de San Lázaro para expresar su rechazo a la propuesta legislativa. Los manifestantes se retiraron alrededor de las 16:00 horas, luego de que la discusión se adelantara y pasara al pleno antes de la fecha prevista.

En el interior del recinto, legisladores de distintas bancadas fijaron sus posturas. La iniciativa plantea ordenar el sistema de concesiones, establecer nuevas reglas de asignaciones, reconocer sistemas comunitarios de gestión y fortalecer el marco regulatorio del derecho humano al agua. La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes, presentó el dictamen y señaló que el proyecto incorpora elementos relacionados con certeza jurídica en concesiones, eficiencia hídrica, prohibición de usar cauces y vasos para disposición final de residuos mineros y fortalecimiento de sanciones por delitos hídricos. También se establecen prioridades para uso humano y seguridad alimentaria.

En comisiones, la iniciativa fue aprobada en un proceso que incluyó más de 50 modificaciones. Entre los ajustes se incorporaron precisiones respecto a la transmisión de derechos vinculados a concesiones de uso agrícola y ganadero. El artículo 49 de la Ley de Aguas Nacionales establece que, cuando se transmita el dominio de tierras relacionadas con un título de concesión, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre el uso o aprovechamiento del agua correspondiente. Este punto había sido uno de los principales motivos de preocupación entre organizaciones campesinas.

Durante el debate en el pleno, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron la rapidez del proceso legislativo y señalaron que la reforma podría implicar afectaciones para productores agrícolas y comunidades rurales. También argumentaron que el dictamen debía ser revisado con mayor amplitud. En contraste, la mayoría legislativa sostuvo que la reforma atiende irregularidades acumuladas en el sistema de concesiones y permite fortalecer la vigilancia sobre la explotación del recurso.

Datos presentados por la Comisión Nacional del Agua indican que, de más de 500 mil concesiones agrícolas registradas, existen alrededor de 58 mil con irregularidades relacionadas con vigencia, duplicidad de títulos, falsificación o discrepancias en ubicación geográfica. Estos elementos fueron considerados durante la discusión para respaldar la necesidad de un marco normativo actualizado.

En conferencia, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que la reforma mantiene derechos para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como para usuarios industriales. Señaló que el nuevo marco busca limitar prácticas como la acumulación excesiva de concesiones y la compraventa de permisos. Otros legisladores expusieron ejemplos de concentraciones de volúmenes concesionados, mencionados como parte del diagnóstico del sistema actual.

Tras la aprobación en lo general, quedaron reservados 529 artículos para su discusión en lo particular. La lista de oradores incluye a 154 diputadas y diputados, y se prevé que el análisis continúe durante la madrugada. Morena y sus aliados anticiparon presentar 18 modificaciones adicionales, entre ellas precisiones al artículo 22, relativo a la prohibición de transmisión de concesiones hídricas. Con estas reservas, se espera completar la revisión del dictamen antes de que concluya la sesión.





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