La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, una norma que endurece significativamente las sanciones y que ahora contempla penas que pueden llegar hasta los 42 años de prisión, sin acceso a libertad anticipada ni reducción de condena. Con 450 votos a favor, el pleno aceptó los ajustes enviados por el Senado y envió el decreto al Ejecutivo para su publicación.
La ley establece una pena base de 15 a 25 años de cárcel y multas de hasta 500 UMAs para quien obligue a otra persona a entregar bienes, dinero, realizar o dejar de realizar alguna acción con el fin de obtener un beneficio. Además, incluye 34 agravantes que incrementan las penas dependiendo de las circunstancias del caso.
Entre los supuestos más relevantes, se contemplan aumentos de entre cuatro y ocho años —hasta llegar a 33— cuando la extorsión involucre actividades como el cobro de piso o esté dirigida a personas que operan negocios comerciales, industriales, agrícolas, pesqueros o de servicios. También se consideran casos en los que la extorsión se realice a nombre de sindicatos u organizaciones, reales o simuladas.
La pena puede aumentar de cinco a 12 años adicionales —para llegar a un máximo de 37— si la víctima es una persona migrante, menor de edad, adulta mayor, está embarazada o mantiene una relación laboral, de confianza o parentesco con el agresor. El castigo sube aún más, entre siete y 17 años, cuando se ejerce violencia física o se exige el pago de daños derivados de accidentes provocados intencionalmente. Con estas agravantes, la condena puede llegar a los 42 años.
El proyecto también restituye sanciones de 10 a 20 años de prisión para servidores públicos encargados de la seguridad, la justicia o la supervisión penitenciaria que omitan denunciar actos de extorsión, luego de que la Cámara de Diputados había reducido ese rango en una versión previa.
Durante la discusión, el PAN criticó a la mayoría oficialista por haber aprobado inicialmente una propuesta con penas menores que las establecidas por varios estados, lo que —advirtió— podía beneficiar a personas ya procesadas por el delito. Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que el aumento de penas por sí solo no resolverá el crecimiento de la extorsión, aunque reconoció el proceso de revisión entre ambas cámaras.
Con 460 votos a favor, la iniciativa quedó finalmente avalada y enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
