En los últimos meses en el penal de San Miguel surgieron denuncias sobre el control que algunos internos ejercen sobre cobros, servicios y acceso a recursos dentro del centro penitenciario. Entre ellos, Marco N. se perfila como un actor central, señalado por familiares y fuentes oficiales como responsable de coordinar pagos, supervisar talleres y administrar permisos, mientras se investigan recientes episodios de violencia que han puesto en alerta a autoridades y familiares de los reclusos.
Fuentes policiales señalan que Marco N., ingresado por delitos contra la salud, robo a negocio y robo de hidrocarburos, mantiene vínculos con al menos cuatro internos que en septiembre fueron acusados de agredir a otro recluso. Según los testimonios recabados, él coordina cobros dentro del penal: pagos por visitas íntimas y renta de celulares, que oscilan entre 350 pesos por visita o por semana, dependiendo del servicio, además de “cuotas” para permitir el ingreso de materiales a quienes trabajan en el taller de carpintería.
El control económico también incluye cobros en el área de ingresos, con montos que van de 5 mil a 10 mil pesos. La falta de pago, aseguran los declarantes, se traduce en agresiones físicas por parte de su grupo. El 25 de septiembre, un recluso identificado como Julio fue atacado por cinco internos vinculados a la estructura de Marco N., mientras que el 5 de octubre otro recluso de reciente ingreso fue agredido y posteriormente encontrado sin vida.
La Fiscalía General del Estado (FGE) sigue investigando las circunstancias del fallecimiento, dado que el occiso presentaba golpes previos a su ingreso y los estudios preliminares del Servicio Médico Forense descartaron un infarto como causa de muerte. La situación ha generado preocupación entre los familiares de internos, quienes temen que los abusos y cobros ilegales continúen escalando, afectando a quienes dependen de recursos mínimos para sostenerse dentro del penal.
Autoridades penitenciarias han reforzado la vigilancia y los protocolos de seguridad, mientras se mantienen las investigaciones sobre los incidentes violentos y el funcionamiento de estas estructuras al interior del Cereso, buscando garantizar la integridad de todos los internos y prevenir nuevos conflictos.
