Sociedad

Investigan a magistrada que favoreció a Kamel Nacif en el caso Lydia Cacho


El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una averiguación interna por posibles irregularidades o hechos de corrupción en un tribunal federal de Quintana Roo, por haber
canceló la orden de aprehensión girada contra del empresario Kamel Nacif por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, el pasado julio.

De acuerdo con información de una nota periodística de Animal Político detalló que la aprehensión fue cancelada luego de un voto dividido de los magistrados de 2 contra 1, y con argumentos como que no existía una instrucción por escrito de torturar a la periodista, o que Nacif no debería ser procesado por no ser funcionario público.

A través de un oficio dirigido al público en general, el Poder Judicial informó que la Visitaduría General del CJF – área responsable de indagar la actuación de los servidores públicos del poder judicial – llevará a cabo una revisión interna del trabajo y resoluciones del Tercer Tribunal Colegiado en el último año.

Por lo que, la magistrada presidenta de dicho tribunal, Selina Haidé Avante Juárez, dejó su puesto y fue cambiada a otro órgano judicial en el estado de Veracruz. Ella fue la encargada de elaborar el proyecto que, en los hechos, exoneró de forma definitiva a Kamel Nacif.

Cabe señalar que Selina Ahidé Avante Juárez y Graciela Bonilla González, del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, votaron a favor del proyecto para ratificar el amparo liso y llano de Kamel Nacif Borge con el que, a principios de este mes, dejaron sin efecto la orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura.

Cabe recordar que luego de que se diera a conocer esta resolución, tanto la periodista Lydia Cacho así como la organización defensora de derechos humanos Artículo 19, acusaron que habían existido presiones y corrupción detrás de dicha determinación.

Asimismo, Lydia Cacho aseguró que tiene evidencia de que Kamel Nacif Borge está sobornando a funcionarios de la 4T y de la Fiscalía General de la República para favorecerse, junto con Mario Marín Torres y el empresario Jean Succar Kuri.

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