ONU alerta: cadena perpetua para adolescentes viola derechos de la niñez en El Salvador
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la reciente reforma penal aprobada en El Salvador, mediante la cual se permite imponer cadena perpetua a personas menores de 18 años involucradas en delitos graves como homicidio, violación o actos tipificados como terrorismo. Según el organismo internacional, esta medida representa un retroceso significativo en materia de protección infantil.
Marta Hurtado, portavoz de la OACNUDH, señaló que la modificación legal contradice compromisos internacionales asumidos por el país, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño. Subrayó que el nuevo régimen prevé que quienes reciban esta pena solo puedan optar a una revisión después de 25 años de encarcelamiento, lo que, aseguró, ignora el principio de que los sistemas de justicia juvenil deben enfocarse en la rehabilitación, la reintegración social y el interés superior del menor.
El presidente Nayib Bukele respondió a las críticas desde su cuenta en X, donde sostuvo que normativas anteriores favorecieron el reclutamiento de menores por parte de pandillas, ya que, a su juicio, existía una percepción de impunidad para quienes no habían alcanzado la mayoría de edad. El mandatario impulsó en marzo la ampliación de la cadena perpetua —originalmente destinada a adultos— para que también fuera aplicable a adolescentes.
¿Recuerdan el 27 de abril de 1994?
Tal vez ustedes no, pero nosotros sí.
El Salvador acababa de salir de una sangrienta guerra civil que dejó 85,000 muertos.
Luego, siguiendo sus recomendaciones, ese día se aprobó la Ley del Menor Infractor, bajo los mismos argumentos del… https://t.co/5zpwvbBqEw
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 31, 2026
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Tanto el Comité de los Derechos del Niño como UNICEF reiteraron que la prisión de por vida para menores es incompatible con los estándares internacionales y alertaron que el encarcelamiento prolongado no reduce la delincuencia juvenil, además de generar daños psicológicos y sociales difíciles de revertir.
Si bien el gobierno salvadoreño sostiene que sus políticas de seguridad han llevado los índices de violencia a cifras históricamente bajas, organizaciones de derechos humanos han advertido que estas acciones podrían configurar graves violaciones, incluida la posible comisión de delitos de lesa humanidad en el marco de su estrategia contra las pandillas.
