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Víctima de violencia vicaria teme que a su agresor no le apliquen la ley

De nada sirvió todo este esfuerzo, todo este trabajo” expresó Cristian Hernández Arellano, abogado de Andrea Lezama Bonilla, víctima de violencia vicaria, al acusar que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, presuntamente sólo solicitó la vinculación por el delito de sustracción de menores y descartando aplicar el delito de violencia vicaria.

La tarde de ese viernes 17 de febrero afuera de Casa de Justicia del Estado de Puebla, ubicada en la 11 Sur en Mayorazgo, Andrea y su abogado realizaron un pronunciamiento antes
de ingresar a la audiencia intermedia de violencia familiar con el agravante de violencia vicaria y sustracción de menores, contra Ricardo N.

Hernández Arellano, expresó que ellos están buscando que le aplique lo máximo que aplica la ley, por lo que explicó que por el delito de sustracción de menores son cinco años y por violencia vicaria hasta 14 años, sin embargo, el Ministerio Público FGE, presuntamente sólo solicitó la vinculación por sustracción de menores.

“De nada sirvió todo este esfuerzo, todo este trabajo, incluso la culminación legislativa en el Congreso del Estado (…), de nada sirvió porque a dicho de la agente del ministerio público, simplemente debe ser juzgado por un tema de sustracción de menores”, dijo

Ante ésto, Andrea Lezama Bonilla, víctima de violencia vicaria, denunció que la Agente del Ministerio de la FGE, Fabiola Romero Aguirre, la esta presionando para otorgar el perdón a Ricardo N., y con esto el saldría libre, ya que no habría delito que perseguir.

“Quiero denunciar que Fabiola Romero Aguirre, agente del Ministerio Público, titular de la Mesa de Mitigación número 5 de la unidad de investigaciones contra la familia de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género contra las Mujeres, me ha insistido en otorgar el perdón a mi agresor, sin importarle la protección de mi hijo, ni la perspectiva de género”,dijo.

También recordó, que Ricardo “N” fue el primer agresor vicario vinculado a proceso por violencia familiar con la agravante de violencia vicaria, en todo Latinoamérica.

“Quiere solicitar una suspensión condicional del proceso, misma que si es otorgada representará un grave peligro para mi hijo y para mí”.

Por ello, hizo un llamado a Margarita Gayosso Ponce, Presidenta del Poder Judicial del Estado y al Fiscal General Gilberto Higuera Bernal, a garantizar la aplicación de la ley a favor de su hijo y de su persona, para que le apliquen la ley a su agresor.

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