El sistema financiero mexicano recibió una nueva alerta relacionada con investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico. La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, integrantes de su familia y varios funcionarios señalados en una investigación abierta en Nueva York sobre posibles vínculos con la facción de “Los Chapitos”.
La medida fue enviada a bancos e instituciones financieras mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del Acuerdo 156/2026. Con esta disposición, las entidades financieras deberán congelar operaciones, limitar movimientos y asegurar activos relacionados con las personas incluidas en la notificación oficial.
Entre los nombres señalados aparecen hijos del mandatario estatal, además del senador Enrique Inzunza Cázares y varios exfuncionarios ligados a áreas de seguridad y procuración de justicia en Sinaloa. El acuerdo fue incorporado al sistema SITI PLD/FT, plataforma utilizada para informar bloqueos y medidas preventivas relacionadas con operaciones financieras sospechosas.
Las investigaciones en Estados Unidos apuntan a una presunta red de protección política, policial y financiera vinculada al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como “Los Chapitos”. De acuerdo con las acusaciones difundidas, algunos funcionarios habrían facilitado información operativa, protección institucional o movilidad para operaciones relacionadas con tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Dentro de los nombres mencionados también figuran Gerardo Mérida Sánchez, los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, así como Dámaso Castro Zaavedra y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
La presión judicial aumentó luego de que fiscales federales en Nueva York comenzaran a impulsar solicitudes de detención con fines de extradición contra varios de los involucrados. Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha confirmado públicamente órdenes de captura, aunque sí permitió la aplicación de medidas financieras preventivas a través de la UIF y la CNBV.
La administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que cualquier proceso relacionado con extradiciones deberá seguir los mecanismos legales y tratados bilaterales vigentes entre México y Estados Unidos.