Ícono del sitio Callejero Noticias

Un pago millonario, CJNG involucrado, traiciones internas y posible ejecución extrajudicial en el caso del asesinato de Carlos Manzo

Redacción. La audiencia inicial por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, explotó en revelaciones que involucran sobornos millonarios, mandos del crimen organizado y la posible ejecución extrajudicial del presunto atacante.

En el Cefereso No. 1 “El Altiplano” se confirmó que el homicidio fue planeado por operadores del CJNG. Ocho imputados —Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señalado como autor intelectual, y siete escoltas del alcalde— detallaron la participación de “El Mencho” y “El R1”, presuntos líderes de la célula criminal. La Fiscalía aseguró que el cártel ofreció 2 millones de pesos por el asesinato y que había un infiltrado dentro del círculo cercano de Manzo, que filtraba sus movimientos mediante chats operados desde Michoacán.

Los ocho acusados recibieron prisión preventiva oficiosa, mientras la defensa solicitó la duplicidad del término; la definición de su situación jurídica continuará el miércoles 26 de noviembre, cuando se prevé la presentación de nueva evidencia.

La parte más grave surgió al analizar la muerte del presunto sicario: Víctor Manuel “N”, de 17 años, habría sido rematado por el escolta Demetrio “N” cuando ya estaba sometido y esposado. La pericial indica que el disparo —hecho con la misma pistola usada contra el alcalde— se efectuó a menos de 30 centímetros y por la espalda. El paramédico que intentó auxiliarlo declaró que los escoltas le impidieron acercarse.

Demetrio “N”, quien fungía como director de la Policía Municipal, afirmó que el disparo ocurrió durante un supuesto forcejeo, versión que contradice la evidencia presentada.

La reconstrucción del asesinato reveló que Manzo recibió seis disparos en 1.5 segundos mientras participaba en el Festival de Día de Muertos; uno de los tiros también hirió a un civil que pedía una fotografía.

“El Licenciado” fue trasladado al Altiplano en un operativo blindado, escoltado por fuerzas federales, dado el valor de su testimonio para desmantelar la estructura criminal en Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que un escolta permanece prófugo, mientras siete ya fueron detenidos y presentados ante un juez.

 

Salir de la versión móvil