La reciente decisión del Cuarto Tribunal de Alzada del Poder Judicial de Puebla, que ordenó repetir la última audiencia del juicio por violencia familiar contra Javier López Zavala, volvió a encender la inconformidad de la Familia Monzón, al considerar que esta resolución representa una nueva forma de revictimización y un retroceso en el acceso a la justicia para Cecilia Monzón.
El Tribunal revocó la sentencia de seis años de prisión que había sido emitida en mayo de 2025 por el Tribunal de Enjuiciamiento, bajo el argumento de que el testimonio de la abogada debía haber sido leído durante el juicio por el representante de la Fiscalía que originalmente recibió la denuncia. La sentencia fue votada por la magistrada Yrina Yanet Sierra Jiménez y los magistrados Isai Rivas López y Abelardo Gil Martínez, quienes ordenaron repetir la audiencia llevada a cabo en julio de 2024 para desahogar nuevamente ese medio probatorio.
Para la familia, esta decisión no responde a una falta de elementos probatorios, sino a un “defecto creado a modo” que, aseguran, no debería afectar la validez de la prueba. En su comunicado señalan: “La sentencia se revoca no por falta de pruebas, tampoco por errores en el razonamiento condenatorio, sino apelando un ‘defecto’ creado a modo… Basta para el Cuarto Tribunal que el testimonio no haya sido leído por la persona específica de Fiscalía que lo recibió”.
La familia advierte que esta interpretación es contraria a los criterios establecidos por la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de género, y que la decisión del Tribunal “roza la ignorancia en materia penal”, pues el testimonio de Cecilia fue presentado como una denuncia escrita, firmada y elaborada por ella misma, sin importar quién lo lea en sala.
El Poder Judicial, por su parte, justificó la reposición parcial del procedimiento argumentando que busca garantizar los derechos constitucionales tanto de las víctimas como del acusado. En su comunicado sostuvo que la determinación “se limita a obtener el desahogo de un medio probatorio admitido en el auto de apertura correspondiente, y logrado ello, emitir un nuevo pronunciamiento”, además de precisar que López Zavala continuará bajo prisión preventiva.
Sin embargo, la familia de Cecilia rechaza la narrativa institucional. “Esto no es sólo repetir una parte del procedimiento penal, es someter a las víctimas a la más absoluta revictimización. Volver a cuestionar la palabra de Cecilia Monzón, en esencia”, afirmaron. También advirtieron que esta decisión “opaca los avances alcanzados” y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano en materia de Derechos Humanos.
La indignación fue reforzada por Helena Monzón, hermana de Cecilia, quien denunció públicamente que el Estado de Puebla vuelve a fallar a las mujeres: “La repugnante forma que tiene el Estado de despreciar a las mujeres y a la justicia, de un plumazo… Esto no es el final. Volveremos”, escribió.
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La noticia que no debería estar dando.
La repugnante forma que tiene el Estado de Puebla, de despreciar a las mujeres y a la justicia, de un plumazo.
Esto no es el final. Volveremos. Os necesitamos en el camino, hoy más que nunca.#JusticiaParaCeciliaMonzón🌻 pic.twitter.com/OlyojdrepQ
— Helena Monzón (@Helena_Monzon) November 14, 2025
Contexto del caso
Cecilia Monzón, abogada penalista, activista y reconocida defensora de mujeres víctimas de violencia, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula. La Fiscalía estatal señaló como presunto autor intelectual al político priista Javier López Zavala, padre de su hijo, quien además enfrenta un proceso separado por feminicidio y permanece en prisión junto con los presuntos ejecutores materiales.
Cecilia fue una figura clave en la defensa legal de mujeres en México y promotora del primer juicio por violencia política de género en el país. Para su familia, la sentencia anulada representaba un paso significativo en la reparación de daños y la responsabilidad penal por los antecedentes de violencia familiar que antecedieron el feminicidio.
Ahora, con la reposición de la audiencia y la obligación de emitir una nueva sentencia, el proceso judicial se prolonga nuevamente. La familia reitera que continuará exigiendo la pena máxima de 60 años para todos los implicados en el feminicidio.
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